Dinero que se va, íntegramente, a una empresa de Barcelona.
Hace unos 10 días el Ayuntamiento de Manacor enviaba una nota de prensa a los medios de comunicación bajo el siguiente título: ‘Los ciudadanos que aparquen en la zona azul de Manacor y Porto Cristo ya pueden hacer servir la APP EasyPark‘.
La nota de prensa del Ayuntamiento fue difundida por todos los medios de comunicación como hacen habitualmente, con la excepción de este Digital. Es decir, copiándola punto por punto y coma por coma, sin verificar ni contrastar la veracidad de la misma.
En dicha nota de prensa se informaba que se había autorizado a una empresa para que, a través de su aplicación para el teléfono móvil (y otros dispositivos electrónicos) se pudiése pagar el ticket del ORA.
Asimismo se informaba que la aplicación “permite abrir el mapa y confirmar dónde se ha aparcado el vehículo, escoger el tiempo que se quiere pagar así como pagar solo por el tiempo exacto que el vehículo ha estado estacionado”.
Pero resulta que el Ayuntamiento de Manacor ocultó a los medios de comunicación, y por ende a todos los ciudadanos que se informan a través de ellos, que la empresa que gestiona esa app cobra una comisión por usarla.
En el caso concreto de Manacor la tarifa mínima de dicha empresa es de 0,18 € con lo cual si un manacorí estaciona su coche durante 15 minutos (tarifa mínima de ORA) si usa el sistema tradicional de sacar el ticket en la máquina se le cobrarán 0,25 € pero si usa la APP se le cobrarán 0,43 € (0,25 € que se lleva el Ayuntamiento + 0,18 € que se lleva la empresa catalana).
Es decir, del total que hemos pagado por el ticket del ORA un 58% se va a la arcas del Ayuntamiento (y más concretamente a la empresa municipal SAM) y un 42% a los bolsillos de una empresa privada.
Un escándalo en toda regla y un hecho sorprendente. Sobretodo si tenemos en cuenta que el Alcalde, y su equipo de gobierno, municipalizan todo lo habido y por haber aunque hacerlo de pérdidas económicas superiores a 1,2 millones de euros en sólo 3 años. Sin embargo, en el caso que nos ocupa están dando unos beneficios económicos a una empresa privada a costa de los de siempre: los sufridos ciudadanos.