El gobierno del socialista Pedro Sánchez comunicó al Govern balear en noviembre que la regulación de los agentes COVID es inconstitucional.

Este pasado martes, día 1 de febrero, el Ayuntamiento anunciaba a bombo y platillo que “8 agentes COVID tomaban posesión de su cargo en el Ayuntamiento de Manacor y se incorporaban como apoyo de la Policía Local“.

Según el Ayuntamiento las ocho agentes “Se incorporan al equipo de la Policía Local como agentes de la autoridad, aunque no son policias y podrán multar por incumplimento de normativa Covid, ZPR y otras“.

La Consellera de Presidencia del Govern balear, Mercedes Garrido, anunció a principios de julio del pasado año la creación de un cuerpo de agentes COVID. Se explicó que, inicialmente, se habilitarian 120 plazas de estos agentes cuyo único requisito sería el de haber opositado a la Policía Local durante los últimos cinco años y no haber conseguido una plaza. Es decir, haber suspendido.

Sergio Torrandell, actual jefe de la Policía Local de Llucmajor y ex-director general de Interior del Govern balear en la legislatura 2011–2015 tildó la iniciativa de «menosprecio a las policías locales, insulto a la profesionalidad y formación policial e inseguridad jurídica a los ciudadanos» y afirmó que la creación del agente COVID se hace «al margen de la ley vigente y se le da competencias atribuidas a las policías locales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin pertenecer a ellos».

El sector de la Seguridad Privada de Baleares también anunció que llevaría al Govern balear ante la Justicia al entender que este nuevo cuerpo que quería implantar el Govern carecía de cobertura legal y además era un claro ejemplo de intrusismo laboral.

Y, por si todo lo anterior fuese poco, el mismo gobierno del estado a cuyo frente está el socialista Pedro Sánchez comunicó en noviembre al Govern balear que consideraba inconstitucional la regulación de los agentes COVID.

Así fue como el Gobierno y la Comunidad Autónoma abrieron negociaciones en una comisión bilateral para resolver estas importantes y graves discrepancias, según se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 4 de noviembre. Paso previo al recurso de inconstitucionalidad.

Pese a todo lo anterior, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manacor ha decidido pasarse por el forro las más elementales normas de prudencia y no esperar a ver que pasa con el posible recurso de inconstitucionalidad y, como además se ve que le sobra el dinero, ha contratado a 8 mujeres como agentes COVID hasta final de año.

¿Qúe criterios se han seguido para contratar a estas 8 mujeres como agentes COVID? ¿Qué nos costará a todos los manacorins? ¿Qué informes técnicos avalan esta contratación? ¿Cuándo y cómo comenzarán a ejercer su trabajo estas 8 agentes? ¿Qué formación se les ha impartido por parte del Ayuntamiento y quien avalará que la misma sea suficiente? ¿Qué turnos harán?. ¿Qué pasará con las multas que pongan si se recurren por los ciudadanos? ¿Quién asumirá la responsabilidad de esta chapuza si finalmente, como todo indica, se declara inconstitucional?.



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