En el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana y en el que solo se había informado que se iba a revocar el Pasaporte COVID.
El Consell de Govern ha aprobado hoy un decreto ley para la circularidad y la sostenibilidad en el turismo que impulsará la modernización y la transformación del sector, exigiendo a las empresas medidas pioneras en sostenibilidad medioambiental y derechos laborales. La norma incluye una congelación de nuevas plazas turísticas para los próximos cuatro años para mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes.
Así, durante este tiempo no podrán comprarse nuevas plazas de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera. En el caso de Menorca, que no tiene bolsa de plazas, se aplica la congelación para nueva oferta. Durante estos cuatro años, los Consells insulares podrán determinar, a través de sus planes territoriales insulares, si se recuperan esas plazas o se dejan extinguir.
Esta nueva normativa prevé, por lo tanto, un decrecimiento de plazas, un hecho que la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, ha definido durante la presentación del Decreto Ley como un camino «hacia el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, social y económica».
Esta moratoria afecta a las plazas hoteleras y a las de alquiler turístico, que en el caso de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera ahora mismo suman un total de 18.718, de las cuales 8.486 corresponden a Mallorca, 7.000 a Eivissa y 3.232 a Formentera.
La presidenta ha explicado que este decreto ley, que no solo se convalidará en el Parlamento, sino que también se tramitará como proyecto de ley y estará abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, tiene como objetivo que las Islas Baleares «continúen en la vanguardia del turismo», siendo «el primer destino turístico circular del mundo» y un destino «referente en cómo se cuidan a los trabajadores y trabajadoras, que son quienes nos hacen ser líderes en turismo».
Además de agradecer el trabajo hecho por todos los agentes implicados en la redacción y negociación de este decreto ley, Armengol ha asegurado que en el Govern «sabemos que aprobamos exigencias que implican inversiones para el sector turístico y sabemos que en los últimos años han vivido una situación económica compleja», motivo por el cual la normativa llega acompañada de un compromiso de recursos públicos por parte de la Administración.
60 millones de euros de inversión
La nueva normativa autonómica de turismo conllevará una inversión pública de 60 millones de euros en ayudas al sector y supondrá un claro avance hacia la circularidad, con el objetivo de convertir al turismo en un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio ambiente, en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental.
Es una regulación pionera en el Estado, que está dividida en cuatro ejes y que recoge toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible, así como una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, y un uso más eficiente de los recursos. Gira en torno a cuatro pilares:
- Sostenibilidad social y económica
- Circularidad y sostenibilidad medioambiental
- Sostenibilidad territorial
- Modernización y simplificación administrativa
En cuanto a la sostenibilidad social y económica, la norma establece como punto de partida la calidad del empleo y la calidad de vida de las personas, con medidas que hacen que el turismo sea también sostenible en lo social.
En este sentido, se aumentará la protección a las camareras de piso, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. Desde el año 2023, los establecimientos de las islas deberán instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de piso. Los establecimientos dispondrán de 6 años para adaptarse a la normativa.
Al mismo tiempo, el decreto ley apuesta por una economía circular en el sector, por lo que se exigirá a todas las empresas contar con un plan de circularidad, lo que convertirá a las Islas Baleares en un destino pionero a la hora de normativizar esta cuestión.
Las empresas deberán realizar cada año una evaluación de la gestión de los recursos y residuos generados y, a partir de esta evaluación, elaborarán una planificación cada 5 años donde estipularán los objetivos de reducción y las inversiones, prácticas y protocolos necesarios para cumplirlos.
En esta línea, la circularidad abarcará aspectos como la alimentación, el uso y cuidado del agua, los residuos o las energías limpias. Entre las directrices que establecerá en torno a estas cuestiones, en el ámbito de la alimentación se prohibirá la utilización de especies clasificadas dentro de categorías amenazadas y se establecerá como obligatoria la trazabilidad del pescado y del marisco de origen balear.
En cuanto a la energía, se obligará a los establecimientos turísticos a cambiar las calderas fuel oil por otras de gas natural o eléctricas, emitiendo anualmente 57.600 kilos de CO2 menos por establecimiento.
En el ámbito de la sostenibilidad territorial, el tercer eje de la normativa mantendrá la apuesta por el medio ambiente y la protección del territorio seguirá siendo firme. Además de bloquear el crecimiento turístico mediante la congelación de plazas, el texto legal liga la realización de reformas en los establecimientos turísticos a nuevas limitaciones y exige como condición previa una reducción de plazas turísticas del 5 % por parte del establecimiento. Los expedientes de reforma se autorizarán mediante declaración responsable.
Por último, además de las modificaciones relativas a sostenibilidad social/económica, medioambiental y territorial, la nueva ley presenta una serie de mejoras en el ámbito de la simplificación y la modernización administrativa.
De esta forma, la norma actualiza los criterios para lograr una nueva clasificación hotelera ajustada a los nuevos tiempos, que apostará de manera clara por la calidad del servicio. Así, los estándares de las categorías más bajas se incrementan y se modernizan las exigencias, por lo que a partir de ahora los criterios relacionados con los televisores de las habitaciones incluirán la exigencia de que tengan acceso a contenido digital y se valorará la disponibilidad de altavoces inalámbricos en las habitaciones.
También se simplifican los criterios, eliminando aspectos que han quedado obsoletos, como la necesidad de disponer un teléfono supletorio o un taburete en el baño, un despertador, una carpeta de correspondencia en la habitación o un servicio de fax en recepción.
Al mismo tiempo, se modernizan los criterios y puntuaciones de la clasificación hotelera, en línea con los grandes ejes de la norma.
El texto legal también recoge toda una serie de modificaciones de la Ley 8/2012, como la inclusión de la prohibición de los autodispensadores de bebidas alcohólicas, en línea con la filosofía del Decreto de Excesos de 2020, o la introducción de una nueva figura de establecimiento de alojamiento, denominada Hoteles Saludables, que deberán tener una categoría mínima de 4 estrellas.
Además, se establecen nuevos requisitos para las viviendas turísticas, ya que a partir de mayo de 2023 deberán disponer de un libro de registro que hará constar la fecha y la identificación de la persona responsable de garantizar los servicios obligatorios que marca le ley para este tipo de establecimientos, como la limpieza periódica o el mantenimiento de las instalaciones.
La norma recoge también que todos los hostales, pensiones, cámpings y viviendas turísticas deben mantener unas óptimas condiciones de higiene y limpieza así como mantener en perfecto funcionamiento y actualizados los mecanismos e instalaciones que posean. Como contrapartida, dejarán de estar sujetos a la obligación de superar los planes de modernización.
Infracciones y sanciones
El nuevo texto legal establece un régimen sancionador en caso de incumplimientos o infracciones administrativas. Así, El incumplimiento en el plazo máximo establecido para la instalación de camas elevables será sancionado con 500 euros por cada cama no instalada.
No disponer de toda la documentación acreditativa de la elaboración del Plan de Circularidad será sancionado con multa de 100.000 euros, mientras que no indicar de manera diferenciada en la carta, menú o similar, los productos tanto de marisco como de pescado que tengan origen balear será sancionado con requerimiento o multa de hasta 1.000 euros.
El resto de infracciones, como por ejemplo incumplir la obligación de eliminar las instalaciones térmicas, no disponer de doble pulsador en los inodoros o hacer uso de especies clasificadas como amenazadas para el consumo alimentario, serán sancionadas con multas de entre 4.000 y 40.000 euros.
102 millones de euros en inversión pública para transformar el sector
Además de la aprobación del decreto ley en el Consell de Govern, este viernes se ha celebrado una Mesa de Diálogo ampliada, en la que además de los sindicatos y las patronales CAEB y Pimem, han participado también representantes de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y de la ACH (Asociación de Cadenas Hoteleras), de empresas hoteleras y de otros sectores, representantes de la UIB, de las Kellys, diversos alcaldes de municipios de las islas, entidades ecologistas y las presidentas de los consells insulares de Mallorca y Menorca, Catalina Cladera y Susana Mora.
Esta Mesa de Diálogo con gran representación social y económica ha aprobado diferentes medidas complementarias que, junto a los 60 millones de euros de la ley, supondrán una inversión total de 102 millones de euros para la transformación del modelo turístico balear.
Así, además de las políticas recogidas en el decreto ley, se ha acordado crear un plan de circularidad en destino, impulsar la formación continua de las personas trabajadoras del sector a través de cuatro centros de formación por un valor de 22 millones de euros y fomentar la digitalización y la modernización con una incubadora de proyectos innovadores y una plataforma de big data para analizar la realidad turística, evaluar su impacto social, económico y medioambiental y elaborar estrategias compartidas. Estos dos últimos proyectos suman una inversión de 20 millones.