El juzgado número 5 de Palma ha admitido a trámite la querella por el delito de prevaricación administrativa interpuesta por la empresa CANAL 4 TELEVISIÓN DE BALEARES SLU contra:
- MIQUEL COMPANY I PONS, Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de las Islas Baleares.
- MIQUEL ÀNGEL SUREDA MASSANET, secretario autonómico de Universidad, Investigación y Política Lingüística.
- BEATRIZ DEFIOR BARCONS, directora general de Política Lingüística de la Secretaría Autonómica de Universidad y política lingüística de la administración autonómica de las Islas Baleares.
La querella se basa en una supuesta infracción de la ley de subvenciones y la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa.
La empresa alega que la administración ha otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley y que, en algunos casos, se han utilizado los fondos públicos para fines distintos a los previstos. La empresa solicita que se investigue y se depuren responsabilidades penales y civiles.
La querella presentada por CANAL 4 TELEVISIÓN DE BALEARES SLU se basa en la supuesta comisión de delitos de prevaricación por parte de funcionarios de la administración autonómica. La empresa alega que se han otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley y que se han utilizado fondos públicos para fines distintos a los previstos.
Es importante señalar que, en un Estado de Derecho, el principio de legalidad es fundamental y debe respetarse en todo momento. En este sentido, la ley de subvenciones establece unos requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las mismas y unos fines específicos para los que deben utilizarse los fondos públicos.
Si se demuestra que los funcionarios de la administración han otorgado subvenciones a medios de comunicación que no cumplían los requisitos establecidos por la ley o que se han utilizado fondos públicos para fines distintos a los previstos, estaríamos ante una infracción de la ley de subvenciones y posiblemente ante la comisión de delitos contra la administración pública.