- La Conselleria considera que el sistema de tarjetas que implantará el gobierno central excluye a colectivos vulnerables
La Conselleria de Familias y Asuntos Sociales implantará un sistema de distribución de alimentos a partir de 2025, momento en que las comunidades autónomas se hagan cargo de la distribución de las ayudas para paliar el encarecimiento de los alimentos.
Este sistema será compatible con la entrada en funcionamiento de las conocidas como tarjetas monedero que implantará el gobierno central a partir de mayo de 2024.
La Conselleria ha planteado esta semana al Consejo de Servicios Sociales que esta convivencia entre ambos sistemas, el actual de distribución de alimentos y las tarjetas monedero, será óptima para que las ayudas lleguen a la mayor cantidad posible de personas vulnerables.
El sistema que se implantará a partir del 1 de mayo de 2024 está dirigido a familias con menores, motivo por el que excluirá de las ayudas a muchas personas que no forman parte de este colectivo y que tienen igualmente necesidades básicas.
La Conselleria ha reafirmado ante el Consejo de Servicios Sociales la intención de trabajar en un modelo conjunto con las entidades que gestionan la distribución de alimentos y los comedores sociales. En este sentido, el Govern aprobó una convocatoria extraordinaria de alimentos para los años 2023 a 2025 por un total de 1,6 millones de euros.
La Historia Social Única Electrónica
Asimismo, la Conselleria ha informado al Consejo de Servicios Sociales que el próximo mes de febrero iniciará la ejecución de las tareas de desarrollo de la Historia Social Única Electrónica (HSUe), de forma que esta herramienta digital, que reúne toda la información y documentación de las personas usuarias de los servicios sociales, esté operativa a finales de 2025.
El Consejo de Servicios Sociales está formado —además de les consellerias de Familias y Asuntos Sociales, Salud, y Economía, Hacienda e Innovación— por los consells insulares, el Ajuntament de Palma, entidades sociales, los colegios oficiales de médicos, psicólogos, enfermería, trabajadores sociales, pedagogos y educadores sociales, la Federación de Entidades Locales (FELIB), los agentes sociales y económicos y la UIB.