Soy un abogado con cinco hijos que, tras diez años apartado de mi profesión para dedicarme a la actividad política, volví al ejercicio del Derecho en 2014, a punto de cumplir los cincuenta años y sin mantener ni un solo cliente de mi antigua cartera profesional.
Estando en pleno proceso de reconstrucción laboral, un nuevo socio que se incorporó a mi despacho año y medio después que yo recibió una visita de otro abogado, quien le dijo que si no convencía al nuevo concesionario del Puerto Calanova para que le prorrogara el contrato del restaurante del puerto a Alfonso (“Fofo”) Robledo, éste iba a presentar una querella contra nosotros por la adjudicación del puerto, la cual había tenido lugar cuatro años antes, en mi época de Conseller.
La amenaza se cumplió y “Fofo” Robledo, entonces Presidente de la Federación Empresarial de Restauración de las Islas Baleares y de la Asociación Mallorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, presentó una querella porque el nuevo concesionario no le renovó el contrato de un restaurante cuyos gastos pagaba tarde y mal y en el que tenía montado su chiringuito, donde organizaba juergas y reuniones junto a turbios personajes con intereses espurios en el puerto. A mucha gente molestó que se pusiera orden en una instalación que estaba en ruinas, que hacía perder a las arcas públicas más de 700.000 euros anuales y donde muchos -incluido algún político y algún juez- no pagaban los amarres ni las prebendas que desde hacía décadas ostentaban, o pagaban menos de lo que debían pagar.
Como consecuencia de ello, he aparecido durante ocho años como un delincuente en Última Hora y en Diario de Mallorca, especialmente en el primero, por viejas razones que no viene al caso comentar, lo que provocó que algunos de mis hijos se tuvieran que acostumbrar a defender a su padre en el colegio. Hasta que una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Palma ha puesto las cosas en su sitio, absolviendo a todos los acusados. Dicha sentencia no ha sido recurrida por ninguna de las acusaciones. No les quedaba ningún argumento. Nunca los tuvieron, y la Audiencia Provincial, en una muy trabajada sentencia, dijo “basta ya” al lamentable espectáculo.
Lo que no se ha contado
Habiendo acabado bien el procedimiento -como no podía ser de otro modo- aquí les dejo un listado de cosas que la prensa en papel no les ha contado del Caso Calanova:
– Por ejemplo, que el juez instructor Íñigo Ares -un juez novato en funciones de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 3- llegó a firmar resoluciones cuando ya estaba destinado en otro juzgado, que tuvo que rectificar algún auto mal redactado por orden de la juez titular de su juzgado o que, sin estar autorizado para ello, inadmitió a trámite una querella por falso testimonio contra una testigo, Aina Rabassa, que mintió, como así ha sido manifestado por la Audiencia Provincial en su sentencia. El juez Íñigo Ares buscaba hacer méritos y adquirir notoriedad pública a nuestra costa. Pero nadie atendió nuestras reclamaciones y la correspondiente querella por prevaricación judicial que le interpuse -redactada por uno de los más prestigiosos Catedráticos de Derecho penal español, que consideró la actuación del juez una prevaricación de libro- fue rechazada por el TSJIB haciendo gala de su conocido corporativismo. La torpeza y la más que probable falta de imparcialidad del juez Íñigo Ares quedó en evidencia cuando el Presidente de la Sala de la Audiencia Provincial se dio cuenta que dicho juez no había ofrecido la dispensa de la obligación de declarar a determinadas personas en la instrucción, por lo que su declaración era nula. Pero claro, es que al juez Íñigo Ares le interesaban mucho esas declaraciones para mantener viva su finalmente fracasada instrucción. También abrió, de manera impulsiva y con tremendas prisas, otras diligencias contra mí que fueron rápidamente archivadas por su sustituta, haciendo el juez novato un ridículo espantoso. Afortunadamente, el juez Íñigo Ares ha sido discretamente “aparcado” en un Juzgado de lo Social, donde sus ansias de notoriedad puedan causar menos daño a los infortunados justiciables.
– Que la fiscal Laura Pellón, que llevó la acusación durante la fase de instrucción, caracterizada por su agresividad y malos modos con los acusados y testigos, trataba también de acumular méritos profesionales cargando contra un político del Partido Popular, siendo nombrada -seis días después de firmar su escrito de acusación- miembro de la Fiscalía Europea por Pedro Sánchez. De esta manera Laura Pellón ingresó en el selecto grupo de siete fiscales premiados, la mayoría de los cuales habían participado en asuntos contra miembros del Partido Popular. Tanto ella como el juez instructor estaban completamente obsesionados con que hubiera juicio, cosa que acabó resultando en balde pues hemos salido absueltos todos los acusados, habiéndose dilapidado enormes recursos públicos, por cuyo hecho nunca responderán. Como tampoco responderán por los daños y perjuicios causados a tantas personas durante más de ocho años.
– Que los guardias civiles que firmaron varios informes sobre complejas materias de contratación administrativa y Derecho mercantil -criticando la actuación de altos funcionarios e incluso de Notarios- carecían de cualificación y titulación jurídica. Los agentes eran los siguientes: P42387Q -el Jefe de Unidad-, D25402G y X27337J -la única mujer del grupo-. Quedó aclarado en el juicio que los dos primeros siguieron y presionaron a mi ex mujer, reprochándole que no me incriminase en su declaración y añadiendo determinados comentarios que no voy a repetir porque atentan contra mi honor y el de otras personas. Y en esa lamentable misión estuvieron apoyados por la flamante fiscal europea, Laura Pellón. Todo ello fue denunciado, infructuosamente, ante la Fiscalía Anticorrupción de Juan Carrau, posteriormente fiscal en el juicio. Por otra parte, el tercer miembro del grupo -la agente X27337J– ya había hecho el ridículo en su día tratando de implicarme con informes aberrantes en el caso Radio Calviá, donde llegaba a contar los domingos como días hábiles en el cómputo de los plazos administrativos. Finalmente, la declaración ante la Audiencia Provincial del agente P42387Q fue realmente bochornosa, quedando en evidencia cuando uno de los letrados le preguntó una simple cuestión mercantil que contestó, de manera equivocada, balbuceando y tartamudeando. Y ese era el jefe del grupo. Espero que, tras este nuevo revolcón, alguien les retire de la circulación por constituir un peligro público y una mala imagen para el Cuerpo.
– Que uno de los letrados de la acusación pasaba cada día el parte, especialmente a Última Hora, de lo acontecido en el procedimiento, olvidando -de forma casual- todos los argumentos y pruebas defensivas que han acabado llevando a la absolución. Denunciadas las filtraciones, el imparcial juez Íñigo Ares las archivó diciendo que “de lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada”.
– ¿Y qué decir de la actuación miserable de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ahora en manos del Partido Popular, mi antiguo partido? La Abogacía se personó en su día en el proceso penal por órdenes de Francina Armengol, quien ya es una experta en ir contra mí y fracasar -Caso Radio Calvià, Caso Rocamar…-. Pero con la victoria de Marga Prohens no solo continuó en el procedimiento, sino que acabó pidiendo contra nosotros -en balde- más pena que la Fiscalía. La postura de la abogacía de Marga Prohens resulta incomprensible pues en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en paralelo al penal -y que quedó suspendido hasta la resolución de éste- sostiene con profusión de argumentos la validez de la tramitación administrativa de la adjudicación del Calanova. Para más inri, fue tan esperpéntica la actuación del primer letrado enviado al juicio por la Abogacía de la CAIB (Joaquín Tomás Marín) en sus pésimos interrogatorios que, a mitad de juicio, tuvo que ser sustituido por un compañero. De la intervención del nuevo letrado en la sala, Jesús García Garriga, -el tercero enviado por la CAIB a lo largo del proceso- nos llamaron la atención dos cosas: La primera fue que había sido enviado por sus jefas, Antonia Perelló y Antonia Estarellas, no como abogado de la CAIB -como era su obligación- sino como abogado de la Abogacía de la CAIB ya que, con el apoyo que ésta había dado a la adjudicación y con el espectáculo que estaba dando, falta le hacía. Y la segunda fue esa rocambolesca teoría que expuso en el juicio de una especie de sumisión telepática de los subordinados a uno de los acusados. Y es que no tenía más argumentos el pobre. En resumen, pueden estar orgullosas Marga Prohens, Antonia Estarellas y Antonia Perelló de haber acusado con tanta saña a inocentes compañeros de trabajo. Que tomen nota sus actuales compañeros de viaje. Que sepan que si vienen mal dadas, las susodichas pensarán primero en la prensa y en su silla, y muy al final en la Justicia.
Comentarios finales
Aunque, por la duración del asunto, la relación de desmanes podría resultar interminable -han sido más de ocho años de procedimiento-, les dejo con dos imprescindibles comentarios finales:
– El primero, una simple pregunta para la siempre tan ecuánime e imparcial Fiscalía Anticorrupción: ¿por qué presumió el fiscal Juan Carrau en sus conclusiones del juicio que yo ordené un supuesto amaño del concurso -sin prueba alguna y siendo desmentido por el Tribunal- y no ha pensado lo mismo de Francina Armengol en el caso Puertos -no ha sido citada ni como testigo-, donde consta que se mensajeaba habitualmente con el Presidente de la Autoridad Portuaria -designado por ella misma, y principal acusado en la causa- expresando conformidad o contrariedad con las decisiones que iba tomando? ¿Tendrá algo que ver su cercanía a la Unión Progresista de Fiscales? El ridículo del fiscal Juan Carrau fue supremo cuando, después de ocho años de investigación y tras haber llamado él solito a 48 testigos a los que molestó teniendo que ir a declarar -alguno tuvo que venir de Menorca-, después de haber hecho perder el tiempo a la Sala y a los acusados, después de haber contribuido a aumentar el colapso de la justicia, después de haber gastado el dinero público inútilmente (pagando su sueldo, por ejemplo), llegó a la máxima concreción posible sobre mi supuesta responsabilidad con la siguiente frase: “Pensamos que hay elementos bastantes para pensar que el conseller ordenó y JL ejecutó”. Sin una sola prueba. Y se quedó tan ancho. La frase es para enmarcar.
– Y el segundo, una referencia a la prensa de papel. No han aprendido ustedes nada en los últimos veinte años. Siguen dando a sus lectores solamente información de parte y jamás les transmiten la realidad de un proceso judicial en el que los acusados también se defienden -muchas veces con razón- aunque resulten personas contrarias a sus intereses económicos o a su línea editorial. Otras veces se guían únicamente por venganzas personales, como es el caso de Última Hora. La información judicial de la prensa mallorquina en papel ha pasado de Guatemala a Guatepeor o, si prefieren, de Málaga a Malagón.
Finalmente, decirles que en una entrevista reciente, el Teniente Fiscal de Baleares, Adrián Salazar, dijo literalmente: “La judicialización de la política es excesiva, deteriora la sociedad…. Necesitamos que existan buenos políticos”.
En mi opinión, la realidad actual demuestra que la politización de la Justicia es excesiva y que necesitamos que existan buenos jueces y fiscales, sobre todo, con menor afán de protagonismo y mayor ética profesional.
Pese a todo, debo decir que el trato dispensado y la forma de dirigir este largo juicio por los Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial me ha reconciliado con la Justicia.