El Grupo Parlamentario VOX en las Islas Baleares registró ayer por la mañana una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno de España a suspender la entrada en vigor de la obligatoriedad de las luces de emergencia V16, prevista para el próximo 1 de enero de 2026.
La formación política considera que esta medida carece de una justificación técnica sólida, introduce riesgos añadidos para la seguridad de los ocupantes y supone una carga económica «innecesaria y desproporcionada» para las familias en un contexto de inflación y dificultades económicas.
La iniciativa parlamentaria advierte que la normativa, que pretende sustituir los tradicionales triángulos, obligará a los conductores a desembolsar hasta 60 euros por baliza, bajo la amenaza de multas de 80 euros si no se adquiere el modelo homologado. VOX denuncia que esta imposición llega sin que existan estudios técnicos independientes que avalen su eficacia en condiciones reales, como lluvia intensa, niebla o zonas de sombra de cobertura móvil, donde la geolocalización del dispositivo resultaría inútil.
La portavoz de VOX, Manuela Cañadas, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo central, calificando la normativa como un «impuesto encubierto» disfrazado de seguridad vial. “La seguridad vial no puede convertirse en un negocio. El Gobierno ha decidido declarar inservibles los triángulos que han salvado vidas durante años para obligar a los españoles a pasar por caja con un dispositivo que, en muchos casos, ni siquiera garantiza mejor visibilidad de día«, ha declarado la portavoz.
Asimismo, la formación alerta sobre un grave peligro derivado del uso de estas balizas: la incitación a permanecer dentro del vehículo. Los protocolos de prevención de riesgos establecen que, ante una avería, los ocupantes deben abandonar el habitáculo y situarse en un lugar seguro. Sin embargo, la activación de la V16 desde el interior podría incentivar conductas contrarias a estas recomendaciones, aumentando el riesgo en caso de colisión.
«Es un despropósito que una norma de supuesta seguridad incentive a los conductores a quedarse dentro del coche en plena calzada. Desde VOX exigimos que no se juegue con la vida de los españoles ni se les impongan multas por no comprar el modelo que el Gobierno quiere venderles«, ha sentenciado Cañadas.
El texto registrado por VOX también pone de manifiesto la desigualdad normativa que generará esta medida. Mientras que los vehículos matriculados en España estarán obligados a portar la baliza conectada, los millones de turistas que transitan cada año por las carreteras con matrícula extranjera quedarán exentos de esta obligación, creando una disparidad injustificada.
Por todo ello, la Proposición No de Ley exige al Gobierno la suspensión inmediata de la obligatoriedad hasta que existan informes periciales concluyentes y pide que se garantice la libre convivencia de ambas tecnologías, permitiendo a los conductores elegir entre los triángulos o la baliza sin miedo a sanciones.