El inicio del traslado de residuos procedentes de Ibiza para su tratamiento en la planta de Son Reus ha desatado un duro enfrentamiento político en Mallorca entre el PP y el PSOE.
Mientras los populares defienden que el plan piloto se está desarrollando con «máximas garantías», los socialistas exigen su «suspensión cautelar» denunciando una «falta absoluta de control».
La polémica afecta de forma directa al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma, instituciones responsables de la gestión y del término municipal donde se ubica la incineradora.
El Partido Popular defiende una gestión «impecable» y una rebaja de tarifas
La portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha asegurado que «el desarrollo del plan piloto está demostrando que el procedimiento se está llevando a cabo de manera impecable».
Según apunta la formación popular, el primer envío se ha desarrollado «sin molestias, sin ruidos, sin olores y sin ningún perjuicio para los ciudadanos».
Riera afirma que «los hechos han desmontado todas las mentidas y el discurso alarmista de la izquierda», defendiendo que el volumen de transporte es «absolutamente asumible».
Desde el PP señalan que llegan «como máximo, siete camiones diarios de lunes a viernes» a Son Reus, una planta que recibe diariamente cerca de 750 camiones, por lo que el impacto es «prácticamente inexistente».
Asimismo, la portavoz popular recuerda que este acuerdo con Ibiza «permitirá rebajar un 10 % la tarifa de residuos» para todos los mallorquines, cumpliendo con los objetivos europeos.
El PSOE denuncia opacidad y exige la suspensión del traslado
Por contra, el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca y el de Palma han comparecido a las puertas de Son Reus para denunciar la «llegada del primer contingente de basura de Ibiza».
La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha manifestado con dureza que «Mallorca no quiere ser el basurero de Ibiza» por culpa de la inacción política de la isla vecina.
Según denuncia la formación socialista, el proceso carece de «toda transparencia» y se han «ocultado informes y controles esenciales» a la ciudadanía y a los ayuntamientos afectados.
Cladera advierte que el convenio permite el transporte de «residuos a granel», lo que «empeora las condiciones ambientales» y que de momento se ha «maquillado llevando los residuos envueltos».
Por todo ello, el PSOE exige paralizar el plan de forma cautelar hasta que se completen «auditorías, inspecciones e informes» que certifiquen la seguridad de la operación.
Preocupación por el impacto en los vecinos de Palma
En la misma línea, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, ha lamentado que el alcalde Jaime Martínez «ponga los intereses privados por encima del interés general».
Según señala el partido, «más de 35.000 vecinos verán pasar por delante de sus casas los camiones cargados de residuos», afectando especialmente a las barriadas de la Garriga y Son Sardina.
El PSOE de Palma ha anunciado que presentará una iniciativa en el pleno del 30 de julio para exigir «máximas garantías» y crear una «comisión de seguimiento» con los vecinos.