La Guardia Civil, en el marco de la operación «Triarii Bal», ha desarticulado una organización criminal integrada por delincuentes de origen magrebí y subsahariano especializada en robos en viviendas.
La investigación, llevada a cabo por los Equipos de Policía Judicial de Algaida e Inca, se ha saldado con la detención de quince individuos por su presunta implicación en los asaltos.
La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión preventiva para cinco de los arrestados.
Reparto de funciones y vigilancia previa de las viviendas
Según señalan desde la investigación, los integrantes de la banda actuaban de forma coordinada realizando vigilancias previas a los inmuebles y controlando los horarios de los residentes.
A los implicados se les atribuyen hasta la fecha 18 robos con fuerza cometidos principalmente en los municipios de Pina-Algaida, Santa Eugenia, Sencelles, Consell y Campos.
Para cometer los asaltos utilizaban vehículos de alquiler a nombre de terceros o con documentación falsa, empleando medidas de contravigilancia para huir rápidamente.
Registros en Son Gotleu y embestidas a vehículos policiales
Durante la fase de explotación se registró una vivienda en la barriada de Son Gotleu, en Palma, utilizada como punto de reunión y coordinación para distribuir los efectos sustraídos.
Los agentes han acreditado varios episodios de huida, entre ellos una colisión en Pina-Algaida donde los asaltantes embistieron a un vehículo oficial de la Guardia Civil.
Asimismo, uno de los principales investigados fue arrestado tras una persecución policial entre Calvià y Palma en la que opuso fuerte resistencia.
Delitos imputados y registro de colaboradores
A diez de los integrantes del grupo dedicado directamente a los robos se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal, atentado y conducción temeraria.
Otras cuatro personas han sido arrestadas por colaborar presuntamente facilitando el alquiler de los turismos utilizados en los asaltos.
Finalmente, una quinta persona fue detenida por falsedad documental al manipular presuntamente contratos de alquiler aprovechando su empleo en una empresa del sector.