Casi el 70 % de los inmigrantes ilegales regularizados por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no se ha afiliado a la Seguridad Social.
Así lo revela una información firmada por la periodista Alba Martín en OKdiario, donde se detalla que a fecha de 30 de julio solo 262.475 personas figuraban dadas de alta.
Esta cifra representa únicamente el 31,9 % del total de 822.000 inmigrantes ilegales a los que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó haber otorgado el derecho a residir y trabajar en España, dejando a 559.525 sin cotizar.
Desglose de afiliados por regímenes y comunidades
Del escaso 31,9 % de regularizados que sí ha logrado cotizar, la gran mayoría (81,5 %) se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social.
El resto se reparte entre el Sistema Especial Agrario (8,3 %), Empleo de Hogar (5,4 %) y tan solo 12.675 personas (4,8 %) constituidas como trabajadores autónomos.
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera la afiliación de este colectivo con 51.844 personas, seguida por Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Contradicciones del Ejecutivo y aumento del paro nacional
Las cifras oficiales del Ministerio chocan frontalmente con el discurso triunfante que mantiene el Gobierno socialista respecto a este proceso.
Mientras el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sostenía públicamente que «la mayoría» se estaba incorporando a la afiliación, la realidad oficial muestra un escenario opuesto.
El propio Ejecutivo ha acabado reconociendo que el 77 % de las nuevas altas en el paro nacional en julio —15.000 de los 19.517 nuevos desempleados— corresponde a este colectivo recién regularizado.
Informe policial desvela que 400.000 beneficiarios nunca han vivido en España
A la falta de cotización y al colapso de los servicios de empleo se suma la sospecha de irregularidades masivas en la obtención de los permisos.
Según la exclusiva del periodista Enrique Recio en TheObjective, un informe interno de la Policía Nacional desvela que al menos 400.000 inmigrantes acogidos a esta medida nunca han residido en nuestro país.
Las investigaciones apuntan a redes dedicadas a la falsificación de certificados de empadronamiento y contratos ficticios, lo que explicaría por qué la inmensa mayoría de los regularizados ni cotiza ni llega a incorporarse al mercado de trabajo real.
Disparo del desempleo no comunitario en las islas
Esta masa de recién regularizados sin empleo directo afecta de lleno a la realidad laboral balear. Tal y como informó Digital Manacor, el desempleo general en la comunidad bajó un 2 % en julio.
Sin embargo, la comparativa interanual desmonta el espejismo: mientras el paro se reduce entre extranjeros comunitarios (-9,1 %), se dispara un 28,7 % en el colectivo de extranjeros no comunitarios.
Este incremento responde directamente a la llegada de la regulación estatal a la red pública autonómica, afectando al equilibrio laboral de Baleares.
Alerta por saturación asistencial en el SOIB
El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) ha registrado 587 altas de extranjeros inscritos con el código de regularización extraordinaria (RE), sumando 363 nuevas inscripciones solo en el último mes.
El perfil de estos nuevos demandantes hace saltar las alarmas en la comunidad: el 90,8 % se encuentra en situación de desempleo estricto.
Asimismo, un 86,7 % cuenta únicamente con estudios primarios, una baja cualificación que amenaza con colapsar los servicios de orientación y prestaciones asistenciales del Govern balear.