El Consell de Mallorca ha remitido a los ayuntamientos de la isla una propuesta para regular la financiación del denominado «escudo social», gestionado a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Ante esta iniciativa, el PSOE de Mallorca ha mostrado su rechazo frontal a los criterios de concesión establecidos por la institución insular.
La formación socialista denuncia que estas ayudas «llegan con ocho meses de retraso, trasladan toda la carga de gestión a los municipios sin consenso previo e imponen una exigencia injustificada de cinco años de residencia continuada».
Críticas a la demora y a la falta de coordinación con los municipios
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sofia Alonso, asegura que «no se puede vender como urgente una actuación cuando ya han transcurrido ocho meses del ejercicio en el que debía implementarse».
Alonso destaca que, aunque el periodo de cobertura comprende los años 2026 y 2027, «la propuesta se ha trasladado formalmente el 1 de septiembre, evidenciando que llega tarde para socorrer las dificultades que arrastran las familias».
Por otro lado, desde el partido critican que el Consell «evite asumir su propia responsabilidad ante la inflación y derive en los servicios sociales comunitarios la valoración y tramitación de los expedientes sin diálogo previo».
Rechazo frontal a vetar a los inmigrantes recién llegados
En relación con el requisito de residencia, la formación socialista censura con vehemencia que se obligue a certificar un lustro continuado de empadronamiento para poder percibir las prestaciones.
Alonso subraya que dicha condición «obedece a las imposiciones de Vox y carece de sentido, ya que la necesidad sobrevenida no empieza al cumplir cinco años de arraigo».
Finalmente, los socialistas advierten de que esta cláusula «no está contemplada en la normativa de servicios sociales de Baleares y genera una discriminación arbitraria que atenta contra el principio de igualdad».