Plano medio en formato apaisado de Sofia Alonso, portavoz adjunta del Grup Socialista en el Consell de Mallorca, atendiendo a los medios de comunicaciónLa portavoz adjunta del Grup Socialista, Sofia Alonso

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado mayor responsabilidad institucional y transparencia en la gestión de los menas que tutela el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según la portavoz del PSOE en la institución insular, Sofia Alonso, «el equipo de gobierno de PP y VOX utiliza la situación de estos jóvenes como una herramienta de confrontación partidista para desgastar al Gobierno del Estado».

Desde las filas socialistas recriminan a Llorenç Galmés «la difusión de datos en redes sociales que no concuerdan con los que periódicamente ofrece al Consejo Rector del IMAS a petición de los socialistas».

Baile de cifras en las plazas de acogida del IMAS

Según traslada la formación socialista, «las últimas cifras sobre menores extranjeros (MENAS) acogidos en centros del IMAS ofrecidas el pasado 15 de julio situaban en torno a 200 los jóvenes e infantes atendidos».

No obstante, desde el PSOE cuestionan que ahora el IMAS informe de «503 menores no acompañados tutelados (MENAS) en Mallorca sin explicar con claridad qué contabiliza cada respuesta mensual».

Asimismo, Alonso defiende que «la gestión de este asunto debe abordarse con rigor, transparencia y respeto, advirtiendo de que no se puede utilizar a los menores migrantes (MENAS) como munición política».

Apelación al Pacto por la Infancia y consenso institucional

La portavoz del PSOE ha recordado «la vigencia del Pacto Balear por la Infancia, un acuerdo impulsado con UNICEF y la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia y ratificado a lo largo de varias legislaturas».

De acuerdo con el posicionamiento socialista, «este documento marco establece que las políticas de infancia deben desarrollarse bajo criterios de cooperación, consenso y estricta visibilidad de las cifras oficiales».

Por último, los socialistas remarcan que «las instituciones públicas tienen la obligación ineludible de proteger a estos colectivos frente a mensajes públicos», según afirman, «cargados de estigmatización».

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