El pleno del Consell de Mallorca ha sacado adelante una moción presentada por Coalició per Mallorca para incrementar el control sobre el censo y combatir el fraude registral en los municipios de la isla.
La iniciativa institucional prosperó tras aceptar los proponentes una enmienda transaccional introducida por VOX durante el debate en el pleno, sumando así el voto favorable conjunto del PP y de la propia formación de Santiago Abascal, frente a la abstención de MÉS per Mallorca y el rechazo de la bancada del PSOE.
El acuerdo insta a los ayuntamientos a intensificar las comprobaciones efectivas sobre el terreno para certificar que las personas inscritas residen verdaderamente en los domicilios declarados.
Notificación a la Policía y a la UCRIF por falsas residencias
Uno de los aspectos más destacados del texto aprobado establece que los casos de empadronamientos presuntamente irregulares vinculados a personas que entraron como turistas sean comunicados a las autoridades policiales competentes.
De este modo, aquellos expedientes con indicios claros de simulación de residencia habitual se pondrán en conocimiento de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.
Desde Coalició per Mallorca sostienen que la propuesta no busca discriminar por procedencia ni limitar los derechos de los vecinos, sino evitar el uso de visados turísticos para simular un arraigo continuado inexistente.
Vigilancia de domicilios ficticios y posibles tramas
Asimismo, el pronunciamiento del Consell reclama una coordinación estrecha entre los consistorios locales, la Delegación del Gobierno y el Cuerpo Nacional de Policía para inspeccionar posibles domicilios ficticios y viviendas sobreocupadas.
Este operativo conjunto busca desarticular supuestas tramas organizadas que obtengan beneficio económico mediante la falsificación de documentos y la gestión de inscripciones padronales fraudulentas.
Finalmente, la formación promotora recuerda que Mallorca ha sumado cerca de 300.000 habitantes en las últimas dos décadas, por lo que reclama un mayor control y rigor administrativo para gestionar el crecimiento poblacional de la isla.