Coalició per Mallorca ha denunciado que el municipio de Manacor acumule «más de cinco años sin piscina pública cubierta debido a una gestión deficiente que ha perjudicado a los ciudadanos».
En este sentido, la formación política señala que las instalaciones permanecen clausuradas desde 2021 «después de que la empresa concesionaria renunciase a la concesión y entrase en concurso de acreedores».
Asimismo, el partido critica que esta situación obligue a los vecinos «a recurrir a instalaciones privadas o desplazarse a otros municipios para practicar natación por motivos de salud o deportivos».
Críticas comparativas frente a otros municipios de la isla
Por un lado, Marga Fons, coordinadora de Coalició per Mallorca Manacor, califica de «inaceptable que una ciudad de esta envergadura siga sin ofrecer este servicio mientras pueblos más pequeños sí disponen de piscinas públicas en funcionamiento».
De hecho, la formación recuerda que localidades como Felanitx, Artà, Son Servera, Inca, Alcúdia, Pollença, Campos o Santanyí disponen de recintos cubiertos, y remarca que «Calvià llega a sumar hasta seis instalaciones de este tipo».
Además, desde el partido insisten en que «los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la falta de previsión de los gobernantes municipales».
Dictámenes jurídicos y retrasos en la recuperación del recinto
Por otra parte, la formación asegura que los juristas consultados confirman que «la disputa económica con la concesionaria no impedía que la administración local recuperase la posesión de la piscina y procediese a su reapertura».
En concreto, la formación subraya que «el consistorio no aprobó la reversión ni recuperó las instalaciones hasta febrero de 2026, perdiendo un tiempo valioso para avanzar en el servicio».
Por ello, censuran desde el partido que durante este tiempo los usuarios hayan tenido que recurrir «a opciones privadas como las del complejo de Rafa Nadal o la piscina de Germans Manacor».
Factura económica y exigencia de un calendario vinculante
Por tanto, apuntan en su comunicado que los procedimientos judiciales abiertos «han costado ya 64.697 euros por la reversión y 85.000 euros en costas derivadas de pleitos perdidos».
Por su parte, la formación advierte de que el deterioro del inmueble exigirá un desembolso «cercano al millón de euros para ponerlo a punto, con un proyecto que no se contrató hasta agosto de 2025».
Finalmente, Coalició per Mallorca exige «agilidad en los trámites administrativos, total transparencia presupuestaria y un calendario de reapertura vinculante sin más excusas».
