El mantra sostenido durante años por determinados partidos políticos como el PSOE y el PP, asegurando que la inmigración es la garantía que nos pagará las pensiones, choca frontalmente con la realidad de los datos oficiales de la Seguridad Social.
Según un pormenorizado análisis del diario ABC, el axioma de que «vienen a pagarnos las pensiones» se desmorona al comprobar que el 44% de los inmigrantes en edad de trabajar no están afiliados.
Esta realidad ha forzado un giro reciente en el discurso del PP, que ahora parece situarse en un frente antiinmigración. Un cambio motivado más por el castigo de las encuestas y el rechazo de sus votantes a este modelo que, según parece, por una convicción idelógica sincera y real de sus líderes.
Mientras el 74,4% de los españoles cotiza, entre la población extranjera la cifra se desploma hasta el 56%. Un dato que evidencia una brecha insalvable en la aportación al sistema público.
El fracaso de la afiliación en colectivos mayoritarios
Las cifras por países de origen desmontan cualquier generalización ilusa. Marruecos, que aporta 723.000 personas en edad de trabajar, tiene a la mitad de su población inactiva o fuera del sistema de cotización.
El caso de la inmigración colombiana es todavía más alarmante para la sostenibilidad de las arcas públicas: solo el 47,3% de sus ciudadanos en edad laboral cotiza actualmente.
Integración real frente a dependencia del sistema
Frente a estos datos, nacionalidades como la china demuestran una integración laboral efectiva con tasas de cotización similares a las españolas.
Sin embargo, el peso de la inmigración procedente de países con bajas tasas de afiliación pone en duda la viabilidad del modelo actual de pensiones, basado en un crecimiento de población que no se traduce en nuevos cotizantes netos.