La portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado lo que califica como un «secuestro burocrático» al que están siendo sometidos los ciudadanos del archipiélago.
Según la formación, las políticas de movilidad actuales «basadas en cuotas de entrada de vehículos y restricciones medioambientales» están vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación.
Apuntan desde el partido que los desplazamientos entre islas se han convertido en un proceso «arbitrario y punitivo para los residentes».
Denuncia de sanciones y «persecución administrativa»
VOX señala «casos críticos donde errores en plataformas web o la titularidad de los vehículos están derivando en sanciones desproporcionadas de hasta 1.000 euros».
Además, según la nota de prensa de la formación, se han reportado «embargos de sueldos por multas notificadas con tres años de retraso», algo que califican de «persecución administrativa».
La portavoz ha afirmado que «los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra» al no poder viajar libremente por el archipiélago con sus vehículos.
Críticas a la Agenda 2030
Desde la formación se apunta a que «estas medidas responden a la implantación ideológica de la Agenda 2030» y no a una gestión técnica del tráfico.
Sostienen en su comunicado que se está utilizando el concepto de «sostenibilidad» para camuflar lo que consideran un «control absoluto sobre el movimiento del ciudadano».
VOX exige «el fin inmediato de estas fronteras artificiales» y defiende que el derecho a la movilidad no puede estar sujeto a la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico.