El Ayuntamiento de Manacor vivió el pasado lunes un pleno ordinario marcado por la fiscalización de la exclusiva publicada por este diario bajo el título «Golpe al intrusismo en Manacor: 7 peluquerías marroquíes sancionadas y 31 identificadas«.
La pregunta, formulada por la portavoz del Partido Popular, Maria Antónia Sansó, se centró en las deficiencias de competencia municipal detectadas durante la operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local.
Los populares exigieron conocer qué medidas se están tomando tras confirmarse los graves hechos narrados por este medio, profundizando en las actas levantadas durante las inspecciones policiales.
Fiscalización de la seguridad y la legalidad
Durante su intervención el pasado lunes, el PP mostró su preocupación por las posibles infracciones graves que afectan no solo a la actividad económica, sino a la seguridad de los ciudadanos.
- El PP preguntó qué actuaciones ha realizado el consistorio con sus propios servicios tras conocerse el alcance de la operación policial.
- Se hizo hincapié en el riesgo de incendio y en la falta de condiciones mínimas de seguridad en algunos de estos locales.
- Los populares denunciaron que estas situaciones suponen una competencia desleal flagrante para el resto de peluquerías del municipio.
Respuesta del equipo de gobierno
El regidor de Actividades, Mateu Marcé Riera, respondió confirmando que, a raíz de estas inspecciones, se han abierto todos los procedimientos correspondientes para cada establecimiento afectado.
Marcé explicó que la competencia municipal se centra en revisar el título habilitante, los cambios de titularidad y medidas de seguridad esenciales como los extintores.
- El departamento de Actividades asegura estar en contacto permanente con la Policía Nacional y la inspección de trabajo.
- De momento no se ha procedido al cierre cautelar inmediato al no detectarse, según el regidor, un «riesgo inminente» para la integridad de las personas.
- El gobierno local defiende el carácter garantista de la administración, otorgando plazos para subsanar deficiencias o presentar alegaciones.
El alcalde, Miquel Oliver, dió por finalizada la pregunta recordando que la apertura de estos negocios se basa en una declaración responsable y que el Ayuntamiento será riguroso con las sanciones si no se cumple con lo declarado.