La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha estimado el recurso de apelación de UGT Servicios Públicos y ha anulado el nombramiento como subinspector del actual jefe de la Policía Local de Manacor por carecer de la titulación académica exigida.
El fallo revoca una sentencia anterior y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía 2021/3018 aprobado en septiembre de 2021 mediante un procedimiento de movilidad. El alto tribunal concluye que una equivalencia reconocida al amparo del antiguo Decreto 59/2006 no sustituye el título oficial requerido para ocupar una plaza del subgrupo A2.
Este varapalo judicial vuelve a retratar la gestión del equipo de gobierno separatista en el Ayuntamiento de Manacor. El decreto ahora anulado por ilegal fue firmado por el exalcalde de MÉS-ERC, Miquel Oliver, quien dejó la vara de mando recientemente tras designar a dedo al actual primer edil de su mismo partido y dar el salto como candidato a presidir el Consell de Mallorca.
Digital Manacor ya adelantó la existencia de esta demanda judicial
La resolución judicial confirma lo que Digital Manacor ya advirtió en exclusiva el 6 de julio de 2025 en la noticia titulada Ángel Duró, nuevo jefe de la Policía Local de Manacor. En aquella información este diario desveló que el consistorio estaba pendiente de un informe sobre la titulación de Pere Taberner ante una demanda judicial previa que cuestionaba su acceso como subinspector.
Pese a tener la apelación pendiente, el Ayuntamiento presentó el 14 de julio de 2025 «al mismo funcionario como jefe temporal de la Policía Local». UGT reclama ahora que el consistorio «examine las consecuencias de la sentencia y adopte las medidas legalmente procedentes«, subrayando que «las reglas deben aplicarse con el mismo rigor a todo el personal, sin excepciones ni dobles criterios«.
Desde el sindicato exigen explicaciones públicas porque «la propia Administración municipal dejó inicialmente sin efecto la propuesta de nombramiento por falta de documentación y, posteriormente, rectificó y aprobó la designación que ahora se anula». La organización considera que «un cambio de criterio con estas consecuencias merece una explicación pública y transparente«.
El largo recorrido judicial de un expediente plagado de rectificaciones
El recurso sindical fue desestimado inicialmente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, que entendió que «una equivalencia reconocida al amparo del antiguo Decreto 59/2006 permitía acceder a la plaza». UGT apeló aquel fallo al considerar que «esa interpretación no respetaba la legislación básica en materia de función pública».
El TSJ señala ahora que el reconocimiento realizado por otro consistorio «no podía convertirse en una habilitación general para acceder a plazas de esa clasificación en otras administraciones». La Sala recuerda que «ni una norma reglamentaria autonómica ni una decisión municipal pueden dejar sin efecto los requisitos establecidos por la legislación básica estatal«.
Según precisa el sindicato, esta sentencia «no debe interpretarse como un pronunciamiento contra la trayectoria profesional de ninguna persona», sino sobre el cumplimiento estricto de los principios constitucionales de «igualdad, mérito y capacidad«. UGT advierte de que saltar estas normas acaba generando años después «consecuencias personales y organizativas difíciles de reparar».
El fallo respalda la legitimación sindical frente a las irregularidades
La sentencia confirma también «la legitimación de UGT para recurrir decisiones administrativas relacionadas con la selección y provisión de personal». El tribunal reconoce que «la defensa de la igualdad en el acceso al empleo público y del cumplimiento de sus reglas forma parte de los intereses profesionales y colectivos que corresponde defender a las organizaciones sindicales».
La organización subraya que la acción sindical «también implica vigilar que los acuerdos, las convocatorias y los nombramientos respeten la legalidad y no perjudiquen las expectativas legítimas del conjunto de trabajadores y trabajadoras». Por ello reclama a las administraciones que «refuercen la comprobación de los requisitos antes de efectuar los nombramientos».
UGT insiste en que «las soluciones individuales no pueden sustituir unas reglas que deben ser iguales para todos«. El sindicato exige que «cualquier reforma de las vías de acceso, promoción o movilidad se aborde con carácter general, mediante normas claras y con la correspondiente negociación».
Exigencia de cese inmediato tras la anulación del cargo
La propia Sala reconoce «que se trataba de una cuestión jurídica compleja y no impone las costas de ninguna de las dos instancias». Asimismo, la resolución «contempla la posibilidad de interponer recurso de casación, por lo que UGT seguirá la evolución del procedimiento con la prudencia necesaria».
Según concluye el comunicado sindical, esta sentencia deja una idea muy clara sobre el funcionamiento institucional: «las administraciones son las primeras obligadas a respetar las reglas que exigen a quienes trabajan o aspiran a trabajar en ellas«.
A juicio de Digital Manacor, resulta insostenible que quien ha visto anulado judicialmente su nombramiento como subinspector continúe un solo minuto más ejerciendo como jefe de la Policía Local de Manacor. Este diario considera que el gobierno municipal debe proceder a su cese inmediato y nombrar de forma urgente a otro mando que cumpla estrictamente con todos los requisitos legales.


