Primera página de la sentencia 640/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears con el sello de exclusiva sobre fondo negroPrimera página de la sentencia 640/2026 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears que anula el decreto firmado por Miquel Oliver

Digital Manacor publica hoy en exclusiva el texto íntegro de la sentencia número 640/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El fallo judicial anula el nombramiento como subinspector del actual jefe de la Policía Local de Manacor por carecer de la titulación universitaria exigida.

Este medio difunde el documento oficial tras haber adelantado ayer la noticia a raíz de una nota de prensa remitida por el sindicato UGT. El objetivo es garantizar el derecho a la información de los vecinos ante la absoluta falta de transparencia del equipo de gobierno municipal.

Este diario solicitó ayer información vía WhatsApp al delegado de Interior, Sebastià Llodrà, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento. Al mismo tiempo, esta redacción contactó con el gabinete de prensa del Ayuntamiento, que se limitó a señalar que facilitaría datos si se los trasladaban a ellos, sin que tampoco haya llegado ninguna comunicación.

Un expediente rectificado tras un rechazo inicial

La sentencia dictada el pasado 10 de noviembre desvela las irregularidades administrativas cometidas durante la tramitación del expediente municipal en 2021. El 30 de julio de aquel año, el consistorio dictó una primera resolución dejando sin efecto la propuesta de nombramiento porque el aspirante no había aportado la documentación exigida para la plaza.

Semanas después, el 14 de septiembre de 2021, el alcalde separatista y candidato a presidir el Consell de Mallorca, Miquel Oliver, aprobó el Decreto 2021/3018. Esa nueva resolución estimó un recurso de reposición del interesado y formalizó su nombramiento como subinspector del subgrupo A2.

Para justificar esta rectificación, la Administración local aceptó una equivalencia reconocida previamente por el Ayuntamiento de Santa Margalida al amparo del derogado Decreto 59/2006. Tanto el consistorio manacorí como el propio funcionario afectado se opusieron posteriormente al recurso sindical defendiendo la validez de aquel trámite.

La legislación estatal prevalece sobre las equivalencias locales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo revoca la sentencia previa del Juzgado número 2 de Palma y tumba los argumentos municipales. Los magistrados aplican el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El fallo establece que una equivalencia reconocida por otro ayuntamiento solo servía para permanecer en el antiguo puesto de origen. Ese reconocimiento administrativo nunca puede habilitar para acceder por movilidad a una plaza del subgrupo A2 en otra administración sin poseer el título universitario correspondiente.

Los jueces recuerdan que ningún decreto autonómico ni decisión municipal puede dejar sin efecto los requisitos básicos fijados por la legislación estatal. Con este pronunciamiento, el alto tribunal anula el Decreto de Alcaldía 2021/3018 firmado por Miquel Oliver por no ser ajustado a derecho, sin imponer costas procesales.

Consulta la sentencia íntegra

Los lectores que deseen leer el texto completo de la resolución judicial pueden hacerlo a continuación:


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