El Grupo del PP en el Consell de Mallorca ha salido al paso de las críticas del PSOE de Mallorca en materia de movilidad reivindicando la aprobación inminente de la primera ley de regulación y limitación de la entrada de vehículos en la isla.
Sin embargo, la tramitación de esta medida ha generado una grieta profunda en el pacto de gobierno insular. Los populares han decidido avanzar de forma unilateral con una regulación de marcado carácter restrictivo, ignorando los avisos y el posicionamiento de su socio de coalición, VOX.
Esta estrategia del PP de Mallorca, consistente en desmarcarse de sus aliados naturales para sacar adelante la iniciativa con los bloques de la oposición, ha abierto un escenario de total incertidumbre política.
VOX se planta y rechaza la imposición de tasas y topes
La formación liderada por Abascal se ha desmarcado por completo del proyecto de los populares al considerar discriminatorio que se apliquen limitaciones o tasas a ciudadanos españoles no residentes que viajen con su coche a la isla.
Ante la advertencia técnica de que eximir a los vehículos nacionales vulneraría las leyes comunitarias de la Unión Europea, VOX ha optado por mantener un voto negativo inamovible, dejando al PP en minoría.
Esta situación ha llevado al presidente insular, Llorenç Galmés, a buscar el auxilio parlamentario de la oposición en bloque para sacar adelante una medida que los populares terminaron adoptando a mitad de legislatura ante el debate de la saturación, asumiendo un modelo restrictivo ajeno a sus promesas originales.
El PP asume las propuestas decrecentistas de la izquierda
La paradoja del escenario político radica en que la proposición de ley saldrá finalmente aprobada gracias a una mayoría alternativa conformada por los votos del PP, el PSOE, MÉS per Mallorca y El PI.
El texto definitivo cuenta con el sello ideológico y las propuestas restrictivas de corte decrecentista que la izquierda siempre ha defendido y firmado en materia de contención, lo que contrasta frontalmente con el programa electoral con el que el PP ganó las elecciones.
Los socialistas han aprovechado la coyuntura para ofrecer sus votos al PP en el Parlament con el fin de tramitar la restricción mediante la figura de decreto ley autonómico, una maniobra que el PP ha despachado atribuyéndola a «puros celos» institucionales.
Duras críticas a la gestión de la presidenta socialista manacorina
A pesar del pacto puntual para la votación, la portavoz popular, Núria Riera, ha arremetido contra la gestión del anterior Pacte de izquierdas afirmando que «los mismos que ahora critican permitieron crear cerca de 900.000 plazas turísticas».
En materia de transporte, la portavocía de los populares ha centrado sus reproches en la figura de la presidenta del PSOE de Mallorca, la manacorina Amanda Fernández, tras criticar esta última la gestión de la institución.
Desde las filas populares tildan de sorprendente que quien aspira a encabezar la candidatura al Consell se dedique a «desacreditar la principal institución de autogobierno de Mallorca», considerando sus palabras como un «menospreciu y una falta de respecte institucional».
Reproches mutuos por la «herencia» del parque automovilístico
Según apuntan desde el partido, los datos del año 2023 reflejaban que Mallorca soportaba cerca de 400.000 vehículos, lo que suponía un incremento del 100% respecto a las cifras registradas en 2017.
Para la portavoz popular, este escenario de saturación extrema en las carreteras es la «herencia directa» que dejó la anterior presidenta insular Catalina Cladera.
Asimismo, Riera ha afeado que la izquierda se manifieste ahora contra las infraestructuras de asfalto cuando fue el propio Pacte quien «construyó la última gran autopista de Mallorca».