La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado de manera oficial su absoluta estupefacción ante el inesperado desarrollo de los acontecimientos relacionados con el denominado «caso Leire».
La organización representativa ha denunciado públicamente la existencia de graves contradicciones institucionales surgidas en torno a las investigaciones en curso.
Según apunta la formación de los agentes en su comunicado, la polémica se ha desatado tras la categórica negación por parte del ministro del Interior respecto a la existencia de cualquier tipo de encuentro.
La dirección general reconoció los encuentros tras los informes de la UCO
Desde la AUGC se afirma que «la directora no ha tenido ninguna reunión en términos de ningún tipo», en referencia directa a las declaraciones previas del titular del ministerio.
No obstante, según apunta la nota de prensa emitida, la propia directora general de la Guardia Civil se vio compelida a abandonar el silencio y difundir un comunicado oficial durante la noche de ayer reconociendo las citas.
Los guardias civiles señalan en su escrito que esta rectificación pública a horas inusuales se produjo a raíz de las informaciones y los informes presentados por la Unidad Central Operativa.
Petición de comparecencias parlamentarias urgentes y depuración política
Inmersos en este escenario, desde la AUGC afirman de forma categórica que «exigimos explicaciones ante este ejercicio de contradicciones y la manifiesta falta de transparencia por parte de la cúpula de Interior».
Desde la formación de los agentes sostienen que los miembros del cuerpo y la ciudadanía merecen claridad ante lo que apuntan como presuntos intentos de injerencia y desestabilización contra la labor de la UCO.
Ante la gravedad de los hechos, el colectivo ha instado a la comparecencia parlamentaria urgente tanto del ministro del Interior como de la directora general del cuerpo armado.
El código ético y la depuración inmediata de responsabilidades
La entidad reclama que se aclaren de inmediato las incoherencias detectadas y solicita la depuración inmediata de todas las responsabilidades políticas por la quiebra de la confianza institucional.
La organización concluye recordando que los máximos representantes gubernamentales deben cumplir escrupulosamente con los principios éticos y valores que recoge el propio Código de Conducta de la institución.