La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha lanzado una ofensiva frontal exigiendo la «dimisión de Fernando Grande-Marlaska» y el «cese inmediato» de la Directora General del Cuerpo, Mercedes González.
Los guardias civiles estallan contra lo que consideran un uso político intolerable del Instituto Armado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sumiendo a la institución en un fango judicial sin precedentes.
La exigencia coincide con la declaración como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de la propia Mercedes González y del DAO, Manuel Llamas, por presunta prevaricación.
El boicot político al Día de la Comunidad de Madrid
A esta acorralada judicial se suma el escándalo revelado por el diario ABC sobre las presuntas maniobras políticas ordenadas desde la dirección general socialista de la Benemérita.
El general de división Fernando Mora, jefe de la Zona de Madrid, ha denunciado formalmente haber recibido instrucciones para boicotear el acto oficial del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.
Mora, según los mensajes publicados, se plantó ante la orden por «sentirse instrumentalizado políticamente», sufriendo tras su negativa presiones y amenazas de ser enviado a la reserva.
Sin «autoridad moral» para seguir al mando
Desde el colectivo mayoritario de agentes recalcan que es la primera vez en la historia que un general de división tiene que denunciar a un teniente general por presiones de índole partidista.
La organización recuerda que el Código de Conducta de la Guardia Civil «sitúa el honor como principal divisa del Cuerpo» y exige a los mandos «el más alto grado de ejemplaridad».
Por ello, denuncian que la actual cúpula colocada por el Gobierno socialista carece de toda «autoridad moral para mandar» mientras sigan arrastrando el prestigio de la institución.
Exigen contrapesos reales y presunción de inocencia
Para los guardias civiles, la solución no consiste solo en sustituir nombres, sino en dotar al Cuerpo de «mecanismos reales de contrapeso institucional» a través de sus representantes legítimos.
La asociación aclara que esta exigencia política «no prejuzga la culpabilidad de ninguno de los investigados» y que la presunción de inocencia del general Mora y los señalados «debe respetarse».
No obstante, reclaman asumir responsabilidades a quienes de forma flagrante «comprometen la imagen, la neutralidad y la credibilidad de toda la Institución».