El Ayuntamiento de Manacor y el resto de corporaciones locales gestionan un censo poblacional sometido a tensiones normativas y contradicciones de calado que la gran mayoría de ciudadanos y políticos desconocen.
La operativa cotidiana sobre el terreno constata importantes vacíos legales que abarcan desde la falta de fiscalización real en las fronteras exteriores comunitarias hasta la tramitación de los censos municipales en Mallorca.
Detrás del relato institucional persisten dos fallas críticas: la incapacidad técnica para controlar quién sale del territorio y un sistema de empadronamiento que genera incentivos directos para los consistorios.
Cero control de salidas en el espacio Schengen
A pesar de que el territorio Schengen opera desde el año 1992, los Estados miembros carecen de un sistema informático y operativo capaz de verificar qué personas abandonan el continente una vez agotada su estancia legal.
En la práctica, un ciudadano extranjero accede legalmente con un visado de turista por un periodo máximo de 90 días, pero ningún registro audita de forma automática su salida transcurrido ese plazo:
- Si la persona no abandona el país al cumplirse los 90 días, no salta ningún aviso automático en las bases de datos policiales de los países miembros.
- Sistemas de control automatizado y registros como Eurodac continúan sin estar plenamente operativos en los puestos fronterizos y aeroportuarios a pie de calle.
- Ni España, ni Francia, ni Alemania disponen actualmente de un mecanismo que cuantifique con exactitud cuántos ciudadanos han entrado como turistas y han permanecido en estancia irregular.
- El cálculo estimado para que la maquinaria de control comience a registrar y cruzar salidas de forma efectiva se demora, al menos, un año más.
El padrón municipal: la barrera de los 90 días, ausencia de sanciones y competencias cruzadas
La legislación fija con claridad los tiempos: una persona no puede empadronarse como residente durante su periodo de estancia turística, naciendo el derecho y la obligación legal de registrarse a partir del día 91.
Pese a esta prohibición temporal previa a los tres meses, la normativa censal carece por completo de un régimen sancionador, lo que propicia que se tramiten empadronamientos eludiendo los plazos si se acreditan los requisitos documentales de vivienda.
El padrón actúa como un mero inventario administrativo poblacional que no juzga la situación de extranjería, pero su emisión activa prestaciones clave dependientes de diversas administraciones:
- Es competencia del Govern balear otorgar el derecho a la tarjeta sanitaria pública (IB-Salut) por el simple hecho de disponer del certificado censal.
- Corresponde a la administración autonómica regular la tarjeta de transporte público intermodal, que en las islas se expide de forma gratuita a los empadronados, incluidos quienes se encuentran en situación administrativa irregular.
- Junto a la cobertura autonómica, la Administración General del Estado y los propios ayuntamientos articulan marcos de ayudas económicas y subsidios asistenciales vinculados al censo local.
Un ejemplo práctico de estas facilidades a nivel municipal se evidenció cuando el Ayuntamiento de Manacor editó en 2024 una guía de acogida en árabe y otros 4 idiomas, un documento que detallaba exhaustivamente a los inmigrantes, ilegales o no, cómo empadronarse y solicitar ayudas asistenciales sin hacer ninguna mención a las obligaciones ciudadanas. Unas guías de acogida que son la portada de esta noticia.
Bajas que no se ejecutan y cobro de subsidios desde el extranjero
Por imperativo legal, los ciudadanos extracomunitarios sin permiso de residencia de larga duración (tanto en estancia irregular como con autorizaciones temporales de uno o dos años) deben ser dados de baja del censo de forma automática cada dos años si no renuevan expresamente su inscripción.
Pese a ello, los ayuntamientos postergan sistemáticamente estas bajas de oficio y el padrón acumula graves distorsiones:
- Se constata la presencia de personas registradas en situación irregular que perciben ayudas sociales de varias administraciones en España mientras residen y constan a la vez empadronadas en países como Alemania, Bélgica o Francia.
- Cuando un nuevo inquilino acude a registrarse con su contrato de alquiler y detecta que continúan empadronados los antiguos moradores, los consistorios no envían a la Policía Local para verificarlo ni tramitan la baja de oficio.
- La exigencia burocrática de estos expedientes de comprobación queda aparcada por los municipios, consolidando bolsas de «empadronados fantasma» en el parque de viviendas.
El negocio municipal: más habitantes, más transferencias y sueldos públicos
La resistencia municipal a depurar sus listas responde a incentivos económicos directos fijados por ley de los que se benefician las propias arcas de los consistorios.
Cuanto mayor es el volumen de población registrada en el censo, mayor es la partida presupuestaria que el Estado transfiere al municipio en concepto de tributos y financiación por habitante:
- El consistorio recibe fondos calculados en función del número bruto de empadronados, resultándole rentable mantener en las listas a personas que ya no residen en el término.
- Un mayor volumen poblacional permite subir de tramo en la ley electoral e incrementar el número de concejales de la corporación municipal.
- Superar barreras clave como los 1.000 habitantes permite a los alcaldes asignarse legalmente un sueldo con dedicación exclusiva con cargo a los presupuestos públicos, dejando sus empleos privados.
- Se han dado casos de municipios que rozaban los 800 o 900 vecinos y que han sumado de golpe más de un centenar de empadronados para rebasar la barrera legal.
La quiebra estructural del modelo asistencial
Esta inyección presupuestaria inmediata para las cuentas de los ayuntamientos genera un déficit diferido que terminan asumiendo otras administraciones y los servicios públicos esenciales.
El incremento de población sin recursos exige dotar viviendas, plazas escolares en colegios y guarderías, y una cobertura sanitaria a través del sistema público que las corporaciones municipales no financian de su presupuesto ordinario.
El resultado es un quebranto económico estructural que replica lo sucedido en otros países europeos como Bélgica. Allí se apostó durante décadas por compensar la natalidad con mano de obra foránea y coberturas sociales, desembocando en una situación presupuestaria y social crítica que hoy resulta prácticamente irreversible.