Coalició per Mallorca ha reclamado al Ayuntamiento de Manacor que refuerce el control del padrón municipal. La formación vincula esta exigencia a las informaciones que desvelaron cómo fue desmantelada una casa patera en Manacor con 24 camas donde vivían hacinadas hasta 30 personas.
La formación exige contrastar la capacidad real que fija la cédula de habitabilidad con los datos inscritos en el censo. Consideran urgente implantar un protocolo municipal para detectar sobreocupaciones extremas e irregularidades cuando aparezcan indicios.
El co-coordinador de la formación, Ilde Muñoz, ha reclamado activar mecanismos de control telemático directo. Plantean conectar los registros municipales con el Departamento de Habitabilidad del Consell de Mallorca para frenar situaciones intolerables.
Moción registrada y exigencia de coordinación institucional
El partido recuerda que su grupo ya registró una moción en el Consell el pasado 28 de septiembre. La iniciativa busca articular protocolos entre los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional frente a irregularidades padronales.
Desde la formación recuerdan que el padrón debe recoger siempre la residencia habitual y efectiva de los empadronados. Por ello, sostienen que deben investigarse las inscripciones que respondan a estancias meramente ocasionales o fraudulentas.
Asimismo, precisan que la carencia de cédula no anula el empadronamiento de los vecinos reales. No obstante, defienden que tal circunstancia obliga a la administración local a incoar las inspecciones pertinentes.
Tolerancia cero ante posibles fraudes y delitos penales
La organización política exige al consistorio abandonar la inacción e intervenir con firmeza frente al hacinamiento. Demandan dar traslado inmediato a la Fiscalía y a las fuerzas policiales si detectan indicios delictivos.
«No se trata de discriminar a nadie, sino de detectar abusos y garantizar que cada administración actúe dentro de sus competencias», afirmó Muñoz. Desde el partido insisten en que Manacor debe proteger a los afectados y hacer cumplir la legalidad.
Por último, reclaman que el equipo municipal se anticipe a las situaciones de infravivienda extrema. Piden inspecciones rigurosas y una respuesta contundente para evitar nuevos escándalos residenciales en la ciudad.