Ante la inacción del gobierno balear, y del español, un grupo de eurodiputados se desplazará en 2022 a Mallorca para emitir un informe sobre el escándalo de prostitución de menores en los últimos años.
Este pasado 30 de septiembre, mediante una nota de prensa, el IMAS acusaba de «buscar un rédito político» a los medios que informaban de los escándalos de abusos sexuales realizados a menores que tutela.
Un grupo de investigación dependiente del Parlamento Europeo indagará en Baleares los abusos sexuales a menores tuteladas. Un escándalo que sacude al archipiélago desde finales de 2019, cuando trascendió que al menos una veintena de chicas tuteladas por la administración pública habían sufrido abusos sexuales a cambio de dinero, drogas y regalos por parte de adultos.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha tomado esta decisión tras recibir dos reclamaciones de ciudadanos residentes en las Islas, uno de Ibiza y otro de Mallorca. Los denunciantes pedían amparo a la institución comunitaria denunciando la parálisis del gobierno balear.
A principios de año, la Comisión ya realizó una primera acción reclamando por carta explicaciones al Gobierno de España, pidiendo información a la Vicepresidencia que entonces ocupaba Pablo Iglesias, así como al Ministerio del Interior. El ministro Grande-Marlaska remitió una carta en la que explicaba que los cuerpos policiales actúan y que están a disposición de la Justicia y de lo que determine la Fiscalía.
Ya entonces se advertía de la posibilidad de enviar una misión para analizar ‘in situ’ este asunto y tratar de investigar y fiscalizar a las autoridades públicas españolas ante la gravedad de los hechos.
Ahora se investigará este asunto sobre el terreno como una de las misiones de la Eurocámara para el primer semestre del año que viene.
En la práctica esto supone que una delegación integrada por entre 6 y 8 eurodiputados se desplazará a las Islas con potestad para mantener reuniones y entrevistas con las autoridades, incluidas las fuerzas policiales, los responsables políticos y los técnicos responsables de la protección y tutela de menores.
La misión estará integrada por representantes de los diferentes grupos políticos representados en la Comisión. No podrán ser miembros vinculados a las Islas. Después emitirá un informe de conclusiones que será elevado al Parlamento Europeo.