La presidenta del Govern de les Islas Baleares, Francina Armengol, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, firmaron ayer el acuerdo que permitirá transferir las competencias de costas a la Comunidad Autónoma y que será efectivo a partir del 1 de julio de 2023.

Así, a partir del verano que viene será la Comunidad Autónoma la responsable de gestionar, otorgar y vigilar las autorizaciones de usos de temporada del dominio público maritimoterrestre, las zonas de servidumbre de tráfico (es decir, los primeros seis metros desde la ribera de mar) o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de costas, que son las requeridas para situaciones como explotaciones de acuicultura o concesiones que implican usos privativos y que requieren ser por un tiempo superior a cuatro años.

De este modo, el Govern tendrá como funciones las autorizaciones relacionadas con las tumbonas, las sombrillas, las cantinas, las zonas de fondeo, la celebración de conciertos o cursos en dominio público maritimoterrestre o la instalación de otros bienes muebles desmontables.

También se encargará de tramitar, imponer y recaudar sanciones por incumplimiento de la servidumbre de paso, de las autorizaciones de uso del dominio público maritimoterrestre o de incumplimientos de las condiciones de las concesiones. Por otro lado, la recaudación derivada de los impuestos y cánones de las concesiones continuará correspondiendo al Estado.

La planificación, la elaboración de proyectos y la ejecución de obras que no son de interés general también serán competencia de la Comunidad Autónoma, y en las actuaciones que sí que sean consideradas de interés general, como la regeneración de playas, el Govern participará haciendo una propuesta o presentando un informe.

Desde el punto de vista presupuestario, el traspaso implica hacer llegar a las Islas Baleares 1.306.704,88 € para la gestión de esta competencia. También se subrogan 18 trabajadores, seis vehículos y la sede de la Demarcación de Costas, situada en Palma.