Durante la sesión plenaria del 18 de junio en el Parlamento de las Islas Baleares, las diputadas socialistas Garrido y Costa exhibieron carteles claramente partidistas en la Mesa de la Cámara, contradiciendo así la neutralidad requerida. En privado y de manera reiterada, el presidente intentó convencer a Garrido de que retirara los carteles para mantener la neutralidad de la Mesa. A pesar de que la socialista aseguró que lo harían tras la intervención de un diputado, no lo hizo.
Las quejas de numerosos diputados de distintos grupos por la falta de respeto a la Cámara y a la Mesa siguieron en aumento. Ante esta situación, y según el deber de neutralidad e imparcialidad, que de acuerdo con los letrados de la Cámara debe mantener la Mesa, el presidente informó en privado a la vicepresidenta segunda de la Mesa que, si no retiraban voluntariamente los carteles, las llamaría al orden y las expulsaría. La respuesta de la señora Garrido, ‘expúlsanos’, junto con su actitud desafiante, llevó al presidente a proceder con la expulsión tras llamarlas tres veces al orden, de acuerdo con el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, que faculta al presidente para adoptar las medidas pertinentes para hacer efectiva la expulsión de un diputado sancionado.
Las exageraciones y relatos incompletos, unidos a la campaña de acoso, insultos y amenazas al presidente del Parlamento de las Islas Baleares, que ha contado con la participación de diputados de esta Cámara, suponen un atentado contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional y contra el Estado de Derecho. En este contexto de ofensiva contra las Instituciones que funcionan con rigor e independencia de los intereses partidistas es donde se enmarca esta nueva amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez, y de su ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, del traslado al Ministerio Fiscal de los acontecimientos ocurridos en la sesión plenaria del 18 de junio, por haberlos considerado susceptibles de ser constitutivos de un delito penal de odio.
Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar sus escándalos ni los de su presidente, Pedro Sánchez.
Desde la Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares, reiteramos nuestro compromiso con la democracia, el orden constitucional y la libertad de todos los españoles. Seguiremos trabajando con contundencia y convicción para que los intereses de los españoles se vean representados en orden y libertad, sin presiones ni chantajes.