El portavoz de VOX en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha anunciado la presentación de una moción en la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo jueves, para condenar enérgicamente el negocio de la inmigración ilegal que, según ha afirmado, supone una grave amenaza para la seguridad y la cohesión social en la isla.
Gili ha expresado la preocupación de su grupo ante el aumento de la llegada de inmigrantes ilegales a Baleares, que en 2024 superó las 3.000 personas, consolidando el archipiélago como una de las principales rutas. «Esta realidad está siendo aprovechada por mafias internacionales que operan con total impunidad, cobrando elevadas sumas de dinero a personas que arriesgan su vida», ha declarado.
El portavoz de VOX en la institución mallorquina, ha ido más allá, denunciando la presunta participación de «entidades y organizaciones subvencionadas que, lejos de combatir esta situación, se benefician económicamente de ella a través de contratos públicos, programas de acogida y convenios financiados con fondos europeos, estatales y autonómicos». Gili ha calificado esta situación como una «auténtica industria de la inmigración ilegal», que considera contraria a la legalidad y a la igualdad ante la ley.
«Desde VOX, denunciamos que esta red de intereses alrededor de la inmigración ilegal no solo perpetúa el drama humanitario, sino que expolia los recursos públicos, genera inseguridad ciudadana y menosprecia el esfuerzo de quienes emigran legalmente y respetan nuestras normas», ha enfatizado Gili.
Por todo ello, la moción que presenta el Grupo VOX-Mallorca propone dos puntos de acuerdo clave:
- Que el Pleno del Consell de Mallorca exprese su «más rotundo rechazo y condena al negocio de la inmigración ilegal, a las mafias que trafican con personas, y a todas aquellas entidades, asociaciones u organismos que se lucran, directa o indirectamente, de esta actividad ilícita»
- Que el Pleno del Consell de Mallorca inste al Gobierno de España a «reforzar el control y vigilancia de las fronteras, a intensificar la lucha contra las redes delictivas vinculadas a la inmigración ilegal, y a revisar la concesión de subvenciones públicas a entidades que fomenten o colaboren con este modelo».
Gili ha concluido haciendo un llamamiento a la acción y a la firmeza por parte de las instituciones ante lo que considera una «deriva inaceptable».