VOX en el Consell de Mallorca ha exigido públicamente la asunción inmediata de responsabilidades políticas tras la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea contra el Estado español. Esta reclamación surge a raíz de la normativa estatal que regula el polémico registro de viajeros.
Según afirma el partido en su comunicado oficial, el procedimiento abierto desde Bruselas supone «una enmienda contundente» a las directrices dictadas por el Ministerio del Interior. Apuntan desde la formación que esta regulación ha generado una grave situación de «inseguridad jurídica, cargas burocráticas innecesarias y perjuicios» a miles de empresas de la isla.
Por otra parte, señalaron que el sector turístico lleva años denunciando el carácter «desproporcionado, invasivo y contrario al derecho europeo» de dicha base de datos de control. La formación recuerda que ya presentó en su momento una moción plenaria en la institución insular solicitando la paralización total de la medida.
Advertencias del sector hotelero ante el Real Decreto
Desde VOX aseguran que las principales patronales turísticas de las islas, entre las que citan a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), llevan tiempo advirtiendo de la incompatibilidad de la ley con la protección de datos. En este sentido, sostienen que el Real Decreto 933/2021 imponía «obligaciones excesivas».
El portavoz adjunto del grupo político en la institución mallorquina, David Gil, ha manifestado textualmente que «el expediente abierto por Bruselas confirma lo que empresarios, hoteleros, agencias de viajes y numerosos juristas venían denunciando desde hace años: que el Gobierno de Pedro Sánchez legisló de espaldas al sector».
Asimismo, el representante de la organización añade en la nota de prensa que «no es aceptable que miles de empresas hayan tenido que soportar durante años una carga administrativa injustificada mientras el Ejecutivo ignoraba todas las advertencias».
Petición de derogación y diálogo con los afectados
La formación considera «especialmente grave» que una ley que afecta de forma directa a la principal industria económica de la isla haya salido adelante «sin escuchar a quienes generan empleo». Según las declaraciones de Gil, ante un dictamen de Bruselas de estas características «alguien debe asumir responsabilidades» políticas de forma ineludible.
Por todo ello, el grupo de VOX en el Consell de Mallorca ha reclamado formalmente «la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021». De forma paralela, solicitan la constitución urgente de una mesa de trabajo conjunta con representantes del ámbito turístico para rediseñar el sistema de colaboración con las fuerzas de seguridad.
Finalmente, el portavoz adjunto concluye asegurando que la isla «no puede seguir siendo rehén de decisiones ideológicas tomadas desde los despachos de Madrid». Desde el partido avanzan que seguirán batallando en las instituciones locales para exigir cuentas ante lo que califican como un «nuevo revés para la credibilidad de España».