El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha hecho público su reconocimiento a la Policía Nacional y a la Policía Local tras el contundente operativo conjunto desplegado junto a inspectores de Trabajo, Sanidad y Vivienda del Govern Balear, que ha culminado con la clausura provisional de un establecimiento de restauración en Cala Millor.
El dispositivo se activó a raíz de las pesquisas iniciales de la Policía Local de Sant Llorenç y del Subgrupo de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional de Manacor, cuyos agentes investigadores constataron la posible existencia de infraviviendas e irregularidades laborales gravísimas en el local.
Según ha podido confirmar Digital Manacor, el negocio intervenido es el K8 Sushi, situado en Cala Millor, cuyos trabajadores eran de origen chino y pernoctaban hacinados dentro de las propias instalaciones del restaurante.
Un despliegue multidisciplinar contra la explotación laboral
En la inspección sorpresa irrumpieron unidades uniformadas y agentes especializados de Extranjería de la Policía Nacional junto a los efectivos locales e inspectores autonómicos. Durante el registro se identificó a 15 empleados, detectando a tres en situación irregular, a quienes la Policía Nacional ha incoado los correspondientes expedientes de expulsión del territorio nacional.
Los otros 12 trabajadores sufrían condiciones abusivas: pese a tener contratos parciales registrados formalmente, realizaban jornadas maratónicas de 13 horas diarias de lunes a domingo sin descanso. Inspección de Trabajo levantó actas con severas propuestas de sanción por este fraude sistemático.
Infraviviendas insalubres y riesgo grave para la salud pública
Los inspectores de Vivienda y Sanidad certificaron la presencia de nueve habitaciones totalmente deplorables, sin ventilación, pegadas a las cocinas y almacenes, con un insoportable olor a comida y sin cuartos de baño independientes.
Paralelamente, las deficiencias sanitarias obligaron al precinto inmediato del local al descubrirse roturas graves en la cadena de frío, suciedad acumulada y falta de higiene básica en los procesos de elaboración de alimentos.
El restaurante, que ya figura en los buscadores de internet como «cerrado temporalmente», dispone de un plazo administrativo de 10 días para intentar corregir las deficiencias, sin perjuicio de las cuantiosas multas a las que se enfrenta la propiedad. Las autoridades han avanzado que este tipo de redadas e inspecciones se intensificarán durante todo el verano en la zona costera.