El Consell de Mallorca debatirá en su próximo pleno una moción destinada a reclamar la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, conocido popularmente en el sector como el «registro de viajeros». David Gil, portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, ha calificado la normativa estatal de desproporcionada y burocrática.
Desde el grupo municipal apuntan que este decreto ley resulta «gravemente perjudicial para el sector turístico de Baleares». Según explican en su comunicado, las exigencias de la administración central asfixian a las empresas locales con más costes adicionales y trabas administrativas.
«El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su absoluto desprecio por las Islas Baleares y por el principal motor económico de esa tierra», ha denunciado el portavoz adjunto del partido de forma contundente.
Inversiones tecnológicas y sospechas desde la Comisión Europea
En la nota de prensa remitida por la formación de VOX se recuerda que ya alertaron en su momento de las consecuencias económicas que conllevaría la aplicación efectiva de esta base de datos, la cual entró en vigor el pasado diciembre de 2024. La medida obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a realizar un vaciado de datos privados.
«Es un escándalo que el Gobierno obligara a miles de empresas a gastar dinero y recursos para cumplir una normativa cuya legalidad está hoy bajo sospecha en las instituciones europeas», afirman desde el partido de manera tajante.
A ojos de la formación, la actual legislación española «transmite desconfianza hacia quienes visitan las islas, complica la actividad empresarial y resta competitividad» frente a otros destinos internacionales.
Petición de responsabilidades políticas por la improvisación estatal
La iniciativa que se defenderá ante el pleno del ejecutivo insular no solo se limita a exigir la eliminación total del decreto, sino que también reclama que se rindan cuentas de manera inmediata en los ministerios correspondientes.
Señalan desde el partido que es necesario llevar a cabo «la depuración de responsabilidades políticas por los perjuicios ocasionados a miles de empresas turísticas y trabajadores de Baleares» debido a la implantación del sistema.
«Quienes han provocado este daño deben dar explicaciones y asumir responsabilidades. No se puede gobernar a golpe de improvisación», zanjan desde el grupo político para justificar la urgencia de su propuesta parlamentaria.