La manifestación contra el turismo celebrada este domingo en Palma reunió a entre 20.000 y 25.000 personas según la Policía Nacional y la Policía Local, cifra que los colectivos convocantes elevaron de forma desmedida hasta los 70.000 asistentes.
El recorrido concluyó con graves altercados e incidentes en Dalt Murada y el Parc de la Mar, donde grupos de radicales separatistas y sectores de la extrema izquierda desafiaron las órdenes de los agentes, obligando a las fuerzas de seguridad a efectuar cargas para restablecer el orden.
Ofensiva de MÉS, ERC y PSOE contra las fuerzas de seguridad
Tras los disturbios, los partidos de la izquierda salieron en tromba a justificar los altercados y atacar la actuación policial.
Dirigentes de ERC como Oriol Junqueras y Gabriel Rufián (que forman parte del gobierno Frankestein de Pedro Sánchez), junto a representantes de MÉS per Mallorca (cuyo diputado en el Congreso de los Diputados da su apoyo también al Gobierno Frankestein de Pedro Sánchez y el PSOE de Pedro Sánchez, han exigido la dimisión del delegado del Gobierno (nombrado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez) e investigaciones a los agentes.
Fuentes de los cuerpos de seguridad insisten en que un núcleo de manifestantes acudió con la clara intención de reventar la marcha y provocar la confrontación directa, mientras la izquierda utiliza el incidente para alimentar su relato político.
La hipocresía del anterior gobierno de izquierda y la cifra de plazas
La protesta pone de manifiesto la contradicción de formaciones que impulsan movilizaciones contra la saturación tras haber gobernado el Govern Balear durante ocho años. Bajo el mandato del autodenominado «Pacte de Progrés» (PSOE, MÉS y Podemos), se crearon 115.262 nuevas plazas turísticas y se disparó en cerca de 90.000 la oferta de alquiler vacacional.
Tal y como se analizaba en la editorial de Digital Manacor de ayer, la campaña contra el sector turístico busca crear un chivo expiatorio para desviar la atención sobre las verdaderas causas del colapso insular.
El colapso demográfico como causa real de la presión insular
Frente a la criminalización del turismo, los datos oficiales revelan que el problema de fondo radica en el crecimiento poblacional descontrolado. Desde 1970, la población residente en Baleares ha aumentado un 122 %, pasando de 558.000 habitantes a rozar los 1,26 millones actuales.
Las proyecciones prevén la llegada de otros 200.000 residentes hasta 2041, una presión demográfica que satura la sanidad, la educación, las carreteras y el acceso a la vivienda, mientras la izquierda intenta señalar al turismo que sostiene la economía balear.
La Policía cifra en 1,5 millones los inmigrantes irregulares en España
Mientras la marcha evitó deliberadamente abordar el problema de la inmigración ilegal, análisis elaborados por expertos de Extranjería advierten de que en los últimos siete meses la población extranjera se ha disparado aún más por el efecto llamada, atrayendo a al menos 400.000 personas sin papeles adicionales.
Si a principios de 2026 había 840.000 extranjeros irregulares y el Gobierno anunció un plan para acoger a 500.000, los 1.170.000 peticionarios registrados en julio llevan a la Policía a estimar que la cifra real roza ya los 1,5 millones de ilegales en España. Este descontrol es el auténtico factor de saturación sobre el que los manifestantes no dijeron ni pío.
Resulta aberrante que se promueva la llegada masiva de ilegales para comerse nuestros recursos, y saturar los servicios, mientras se criminaliza a los turistas que traen su dinero y sostienen la economía balear. Quienes realmente saturan las islas son las hordas de inmigrantes que no han cotizado un solo euro en su vida.
