Las estadísticas sobre secuestros de menores en España reflejan que «el 66% de las sustracciones de hijos en los dos últimos años han sido perpetradas por mujeres», según ha revelado el diario The Objective en un informe firmado por el periodista Manu Torralba.
Esta cifra confirma que dos de cada tres secuestros parentales registrados en el periodo reciente fueron ejecutados por la figura materna, desarmando el relato oficial que trata de suavizar o invisibilizar esta realidad en los conflictos de custodia.
La investigación del citado medio puntualiza que las progenitoras femeninas encabezan de forma holgada los balances judiciales y policiales vinculados al secuestro, traslado no autorizado o retención ilegal de menores.
Una brecha estadística que duplica los casos de los padres
De acuerdo con la información publicada por The Objective, los datos recopilados demuestran que «las madres cometieron en 2025 el doble de secuestros parentales que los hombres», consolidando la tendencia dominante del último bienio.
El desglose de los balances oficiales señala que «el volumen de episodios en los que la madre sustrajo a los hijos duplicó estadísticamente los registros protagonizados por los padres».
Esta brecha estadística evidencia la persistencia de un problema estructural en los procesos de separación que continúa afectando directamente a los derechos de los menores y de sus progenitores.
Datos oficiales del Ministerio del Interior y denuncias del sector
Las cifras difundidas no responden a estimaciones, sino a los balances anuales del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Según constatan los registros oficiales de Interior recopilados en el informe, las denuncias por secuestro de menores interpuestas contra madres superan de manera sistemática a las tramitadas contra padres en las bases de datos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Desde colectivos de padres afectados apuntan que estos datos confirman una asimetría estructural en los juzgados de familia y denuncian que la pasividad institucional ante las denuncias presentadas por progenitores masculinos perpetúa situaciones de alienación e indefensión en la custodia de los hijos.