El Ayuntamiento de Inca afronta una petición formal de responsabilidades políticas tras la denuncia pública realizada por el PP de la localidad en torno a la adjudicación de contratos públicos.
La formación municipal de la oposición ha reclamado de forma inmediata la dimisión o el cese del concejal delegado del área de Comercio, Promoción de la Ciudad y Gestión Digital.
Según sostiene el comunicado emitido por los populares, «el responsable municipal adjudicó de forma directa un contrato público por valor de 78.952,50 euros a una empresa propiedad de su exsocio empresarial».
Prórrogas de un servicio calificado como inútil
El expediente en cuestión estaba orientado a la implantación de un sistema informático municipal de CRM, herramienta técnica orientada a coordinar la relación con los ciudadanos e informar de agendas públicas.
De acuerdo con las afirmaciones del PP de Inca, «el servicio contemplaba un año inicial y dos posibles prórrogas que fueron solicitadas expresamente por el propio regidor hasta ejecutar la totalidad del importe».
Desde el grupo municipal aseguran que, una vez finalizado el periodo contractual, «el propio consistorio comprobó que el servicio no era necesario ni había resultado útil para la gestión municipal».
Exigencia de explicaciones a la alcaldía socialista
Miquel Ferrer, portavoz y candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Inca ha exigido explicaciones urgentes tanto al concejal implicado como a la alcaldía encabezada por el socialista Virgilio Moreno.
Ferrer asegura que «este gobierno socialista no puede dar lecciones de transparencia mientras uno de sus regidores adjudica a dedo casi 79.000 euros a una mercantil vinculada previamente a su trayectoria profesional».
Para los conservadores, la operación supone una quiebra ética insostenible al señalar que «la mercantil adjudicataria llegó a adquirir con posterioridad la propia sociedad que había pertenecido al regidor».