La Fiscalía de Baleares ha formalizado una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell por VOX Mallorca. El Ministerio Público aprecia indicios fundados de delito en la utilización continuada de vehículos oficiales adscritos a su departamento.
La iniciativa judicial procede de las diligencias incoadas a raíz de una denuncia presentada por el PSOE de Mallorca. El escrito señalaba la presunta comisión de delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por desplazamientos ajenos a sus competencias públicas.
Las pesquisas se centran en el uso particular de automóviles institucionales para fines estrictamente privados. La administración insular asumió de manera directa los costes de mantenimiento y las cargas de combustible de estos trayectos.
Presunto desvío de recursos y vehículos sin distintivos
Entre las anomalías constatadas destaca la retirada deliberada de los logotipos institucionales para evitar que los turismos pudieran ser identificados. Dichos vehículos llegaron a ser fotografiados de noche frente a la vivienda particular del dirigente de VOX y en actos de su formación.
Un informe elaborado por la secretaría técnica de su área documentó una veintena de itinerarios a localidades sin previsión de agenda oficial. El informe acreditó igualmente cargas de repostaje en días festivos o a primera hora de la mañana sin actividad laboral asignada.
Pese a que los servicios jurídicos del Consell de Mallorca rebajaron las conclusiones iniciales tildándolas de mera «conducta no apropiada», el fiscal jefe considera probada la existencia de indicios de responsabilidad penal.
La querella contra Pedro Bestard y la presión de la oposición
Tras hacerse pública la querella, las fuerzas de la oposición insular —PSOE, Més y Coalició per Mallorca— han redoblado la exigencia de apartar cautelarmente a Bestard de sus responsabilidades de gobierno.
Los grupos de la oposición denuncian una falta de rigor ético al sostener al dirigente de VOX Mallorca en el cargo para salvaguardar la estabilidad del pacto insular. De igual modo, recuerdan que llevan meses reclamando medidas contundentes ante la gravedad de los hechos advertidos.
El procedimiento se traslada ahora al juzgado de instrucción decano. La autoridad judicial competente deberá resolver la admisión a trámite de la querella y determinar las declaraciones procesales que correspondan.