El Govern Balear, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Economía, Hacienda e Innovación, ha lanzado una nueva campaña institucional dirigida al tejido empresarial de las islas. El Centro Balear de Ciberseguridad es el organismo encargado de coordinar esta iniciativa de protección tecnológica.
La campaña tiene como objetivo principal incentivar que las pequeñas y medianas empresas de la comunidad autónoma evalúen de forma exhaustiva sus sistemas de protección digital frente a posibles ataques informáticos.
Para motivar la participación, la administración autonómica ha confirmado que regalará paquetes de herramientas informáticas avanzadas a todas aquellas entidades comerciales que decidan dar el paso preventivo en sus negocios.
Las corporaciones locales deben agilizar la tramitación institucional
Las empresas interesadas en beneficiarse de estas licencias de software gratuitas deberán formalizar su solicitud de auditoría de seguridad digital antes de la fecha límite fijada para el próximo viernes 12 de junio.
El análisis preventivo permitirá a los autónomos y sociedades evaluar detalladamente el nivel de vulnerabilidad real de sus plataformas informáticas, servidores web y bases de datos corporativas.
La obtención de estas herramientas informáticas complementarias sin coste alguno busca reforzar la estructura de defensa de las corporaciones frente al repunte global de incidentes y estafas en la red.
Apoyo financiero procedente de los fondos NextGeneration de la Unión Europea
Esta actuación institucional se encuentra enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, contando con la colaboración técnica directa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
La financiación de todo el programa de asesoramiento técnico y el suministro de las herramientas informáticas proviene íntegramente de los fondos estructurales NextGeneration de la Unión Europea.
La tramitación telemática ya se encuentra totalmente operativa para las pymes de las islas que cumplan los requisitos organizativos establecidos en las bases oficiales publicadas por el ejecutivo regional.