El Grupo Parlamentario VOX Baleares ha defendido en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) orientada a implantar el principio de «prioridad nacional» en el acceso a recursos públicos, ayudas sociales y vivienda protegida.
La iniciativa, sin embargo, ha sido rechazada tras contar con el voto en contra de los partidos de la izquierda y la abstención del PP, una postura que desde VOX se interpreta como una renuncia a proteger de forma decidida a los ciudadanos residentes frente a quienes acaban de cruzar las fronteras.
Manuela Cañadas, portavoz parlamentaria de VOX Baleares, ha calificado la situación actual de «injusticia institucionalizada» y ha tildado de humillante que los trabajadores con décadas de cotización o los jóvenes locales no puedan emanciparse debido a una «emergencia habitacional sin precedentes».
El PP pretendía descafeinar la propuesta con fórmulas vacías
El distanciamiento entre los socios habituales de investidura ha quedado patente durante la negociación de las enmiendas presentadas por los populares. Cañadas ha justificado su rechazo frontal a las propuestas del PP alegando que su objetivo real era «eliminar la prioridad nacional» y los requisitos de arraigo o contribución previa al sistema.
Según la portavoz de VOX, las modificaciones planteadas por el PP de Baleares sustituían los compromisos firmes por expresiones genéricas como «tener en cuenta criterios» o «estudiar modificaciones». Desde la formación conservadora consideran que estas propuestas constituyen «fórmulas vacías que solo sirven para dejar las cosas como están».
La iniciativa rechazada contemplaba medidas concretas como exigir un mínimo de 10 años de empadronamiento para acceder a la compra de una vivienda protegida y 5 años para el alquiler social, además de excluir explícitamente a quienes se encuentren en situación ilegal o hayan ocupado una vivienda.
Choque con el PSOE por el uso electoral del censo
El debate en la comisión parlamentaria también ha registrado momentos de elevada tensión dialéctica con las formaciones de izquierda. Los representantes del PSOE exigieron formalmente a VOX la retirada de las alusiones que vinculaban los decretos de regularización del Gobierno del socialista Pedro Sánchez con un propósito electoral.
La portavoz de VOX se ha negado por completo a retractarse de dicha afirmación, sosteniendo que ambas normativas estatales fueron aprobadas «sin debate ni votación en las Cortes Generales» con el único fin de premiar a quienes vulneraron las leyes y alterar de forma interesada el censo electoral.
Cañadas ha concluido su intervención lanzando un duro reproche a la gestión del Ejecutivo autonómico, advirtiendo que «un gobierno que no protege primero a los suyos no es un gobierno, es una gestoría de la injusticia», y reafirmando que la obligación de las instituciones es devolver el fruto de los impuestos prioritariamente a los ciudadanos de las islas.