La formación política Coalició per Mallorca ha criticado con dureza la reciente adjudicación de las 1.069 plazas de alquiler vacacional de la bolsa temporal que ha sido aprobada de forma definitiva por el Consell de Mallorca.
Desde el partido lamentan profundamente que todo el proceso se haya ejecutado mediante un simple sistema de sorteo que no tiene en cuenta la realidad territorial ni la situación de saturación que vive la isla.
Según afirma el partido en su comunicado oficial, «Mallorca vive una situación límite de sobrepoblación, con infraestructuras tensionadas y servicios al límite de su capacidad».
Reparto de plazas por sorteo
Apuntan desde la formación que, ante este escenario tan complejo, no resulta admisible que la administración insular se dedique a «repartir plazas turísticas como si fuera una lotería».
Por otra parte, señalaron la necesidad urgente de proteger el papel histórico que el alquiler vacacional ha tenido de cara a permitir que muchas familias de la isla puedan complementar sus rentas anuales.
De este modo, sostienen que se deben repartir de forma más equitativa los beneficios económicos de la actividad hostelera entre la población residente.
Críticas al pacto de gobierno insular
El portavoz de El PI – Proposta per les Illes en la institución insular, Antoni Salas, ha denunciado que el gobierno del Consell «continúa actuando sin ningún criterio político ni territorial».
Salas critica que el ejecutivo insular se esté «limitando a hacer un sorteo mientras ignora factores esenciales como la saturación de determinadas zonas, la calidad de la oferta o el equilibrio territorial».
Asimismo, el representante añade en la nota de prensa que se están repartiendo de manera descontrolada unas plazas que constituyen «un recurso limitado».
Prioridad para el residente local
Lamenta profundamente que se actúe de esta forma tan desorganizada «sin priorizar a quien realmente tiene un compromiso» firme con la isla de Mallorca.
La formación ha recordado que el pleno insular ya rechazó una iniciativa presentada por ellos para que las plazas que queden libres por bajas de la bolsa comercial sean redistribuidas aplicando unos criterios estrictos basados en el interés general.
Entre las medidas concretas planteadas por el partido destaca la exigencia obligatoria de acreditar un mínimo de quince años de residencia continuada o de actividad empresarial en la isla para poder optar a cualquiera de estas licencias.
Frenar la especulación extranjera
Sostienen que el objetivo prioritario de la medida es «evitar la especulación y garantizar que los beneficios derivados de la actividad turística reviertan en las personas y empresas arraigadas en la isla».
Finalmente, desde la formación política insisten en aclarar a la opinión pública que en ningún momento están reclamando la creación de nuevas plazas turísticas para el mercado residencial.
Su propuesta, según concluyen, se basa en que las plazas actuales se gestionen bajo criterios de «responsabilidad, arraigo y retorno» económico y social para la isla.