La directora general de la Guardia Civil Mercedes González y el DAO Manuel Llamas de uniforme con los brazos cruzados ante banderas oficialesLa directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, envueltos en la polémica judicial

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha exigido de manera inmediata la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese fulminante del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Esta contundente petición llega tras confirmarse que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citará a ambos mandatarios como investigados.

La reclamación judicial se enmarca en la causa que instruye la trama vinculada a la fontanera del PSOE, Leire Díez. Desde la asociación profesional han subrayado la extrema gravedad de la situación, destacando que la petición de imputación no proviene únicamente de las acusaciones populares, sino que cuenta con el respaldo directo de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Fiscal presentó su propio escrito solicitando la citación formal como investigados al considerar que existen indicios suficientes contra la cúpula del cuerpo, invalidando cualquier argumento basado en una supuesta estrategia política.

Presuntas reuniones e interferencias en los casos de corrupción de la UCO

La instrucción judicial examina diversos encuentros mantenidos entre la directora general y Leire Díez. Entre los hechos investigados, destaca una reunión en la que supuestamente se solicitó la rehabilitación de un comandante que se encuentra bajo investigación en el marco del ‘caso Koldo’.

Asimismo, las pesquisas se centran en las presuntas instrucciones que se habrían trasladado a altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo de estas directrices, según los indicios, era que los agentes se mantuvieran «de perfil» y evitaran mostrarse proactivos en investigaciones policiales que tuvieran algún tipo de afectación o repercusión política.

Desde la asociación han recordado que su organización ya denunció estas presuntas maniobras contra los investigadores de la UCO en junio de 2025, acudiendo directamente a los tribunales. Un año después, la instrucción penal ha terminado alcanzando directamente a los máximos responsables que dirigen la institución armada.

Denuncia de un doble rasero dentro del cuerpo policial

La organización califica la situación actual de «insostenible» y lamenta el grave perjuicio que este escenario causa a la reputación pública del cuerpo. En este sentido, han criticado que cualquier guardia civil sufre consecuencias profesionales inmediatas en su carrera en cuanto es investigado por hechos vinculados al servicio, por lo que exigen que no se aplique un doble rasero con la alta cúpula.

Por todo ello, la asociación ha instado directamente al ministro del Interior a proceder al cese del DAO de forma fulminante si no se producen las renuncias oportunas. De lo contrario, han advertido que valorarán emprender todas las acciones legales que tengan a su alcance en defensa de la Guardia Civil y de sus integrantes.

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