Contratos con los que los inmigrantes ilegales posteriormente podían solicitar y obtener permiso de residencia y trabajo en España.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, todos ellos de origen marroquí, de 37 y 39 años de edad los hombres y 50 años de edad la mujer, por delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos son la administradora única, apoderado y encargado de una empresa de construcción de la localidad de Manacor, quienes realizaban contratos laborales a ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia y trabajo en España a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 4000 y 7000 euros, contratos con los que posteriormente podían solicitar y obtener el citado permiso de residencia y trabajo.
Pagando 7000 euros la empresa contrataba a los trabajadores para así conseguir los papeles para obtener la residencia
La investigación se inicia por informaciones recibidas en el grupo I de la UCRIF de la Policía Nacional, donde una víctima denunciaba que al llevar varios años en situación irregular en España estuvo buscando alguna empresa para trabajar con contrato laboral.
Tras tener conocimiento de que una empresa de Manacor vendía contratos laborales a extranjeros sin papeles para que pudieran obtener la residencia en España, se puso en contacto con un responsable de la misma.
Este le solicitó 7.000 euros por realizarle un contrato laboral y poder conseguir su tarjeta de residencia, indicándole también que si tenía trabajo real lo contrataría y le descontaría de su salario las cuotas de la Seguridad Social.
Los agentes comprobaron la existencia de otros ciudadanos extranjeros en la misma situación, los cuales se habían visto obligados también a “pagar” fuertes sumas de dinero para ser contratados y poder legalizar su situación en España, sufriendo también recortes en sus derechos laborales una vez que iniciaban su actividad laboral.
Los investigadores se encontraron con la dificultad de localizar a otros posibles afectados por la venta de contratos de trabajo, bien por el miedo existente entre estas personas a tener problemas aquí o en su país de origen, o por el temor a perder el permiso de residencia que pudieron obtener en su día gracias a la compra de los referidos contratos.