El Consell de Mallorca asumía las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación que presentaba hoy durante el juicio por el denominado caso Peajes en un escrito que pedía condenas para 8 de los 13 acusados, y la absolución por los otros 5.

Algunos de los acusados ​​han admitido la comisión de determinados hechos delictivos que se les imputaban en el transcurso de la instrucción, lo que ha determinado la evitación del juicio mediante la solicitud de una sentencia de conformidad que implica una condena por los delitos de cohecho y fraude a la Administración que suma un total de cuatro años y tres meses de prisión, y más de dieciséis años de inhabilitación con la consecuencia de la separación del servicio del único funcionario que está en activo.

Las sentencias

La parte penal del caso se cierra con condenas por delitos de cohecho y de fraude a la administración para el ex-director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, condenado a 9 meses de carcel; el director de la obra, Francisco Orejudo, condenado a 6 meses de carcel; el vigilante de la obra por el Consell, Gabriel Mestre, condenado también a 6 meses de carcel; y el jefe de producción de la UTE, José Javier Navarro, condenado a un año y 9 meses de carcel.

A los acusados se les ha aplicado una atenuante muy cualificada (dilaciones indebidas) por el enorme retraso del caso, que afecta a hechos ocurridos en 2006.

Todos ellos han reconocido que se beneficiaron de trabajos en sus domicilios hechos por empresas que construían la carretera. Incluso el director de la obra, Francisco Orejudo, ha admitido que le construyeron una vivienda.

La condena recoge otros hechos, como por ejemplo la reforma de un local que terminó siendo una especie de templo budista o la construcción de aparcamientos para restaurantes situados junto a la carretera.

Las condenas implican el también el pago de multas: 25.000 euros por Orejudo y 10.000 por Mestre a quien también se le decomisan 40.000 euros del cohecho que ha admitido. Las penas de ingreso en prisión se suspenderán en los próximos días.

Los particulares imputados resultaron absueltos por motivo de prescripción.

Discrepancias en la interpretacion del contrato de Concesión

La cuestión de la valoración de las obras suponía la vinculación directo de este juicio con el régimen jurídico y económico de la concesión, en la medida en que la tarifa económica que paga anualmente el Consell de Mallorca a la concesionaria viene determinada por distintos factores como es , entre otros, el valor de las obras.

La concesión de la carretera de Manacor ha comportado numerosas discrepancias en la interpretación del contrato entre la concesionaria y el Consell, que se han traducido en varios contenciosos abiertos contra la Institución insular en la que se solicitaban distintas cuantías que en total superan los cuarenta y cinco millones de euros y una nueva interpretación de la tarificación por el canon anual que podría suponer que la carretera, a la finalización de la concesión en el año 2042, tuviera un coste final de 955 millones de euros, alrededor de otros 400 millones de euros de lo que supondría el contrato vigente actualmente.

El acuerdo al que finalmente se ha llegado en el juicio penal, y que se incluye como anexo en el escrito presentado hoy por la Fiscalía Anticorrupción, supone la retirada de todos los juicios contenciosos interpuestos por la concesionaria de la Ma-15 contra el Consell de Mallorca y, al mismo tiempo, incluye la reordenación de la vida económica de la concesión de forma que se ajusta el precio final por debajo de los 500 millones de euros, lo que asegura el ahorro de casi 400 millones de euros.

El acuerdo alcanzado por el Consell de Mallorca, en el marco del procedimiento penal, además de asegurarse las condenas por las conductas delictivas más graves, consigue un reconocimiento del sobrecoste de la inversión inicial y la racionalización a la baja de los gastos de conservación y mantenimiento a cargo de la concesionaria, y esto se ha traducido, por primera vez en la vida de la concesión, en una reducción de tarifas, al tiempo que se devuelve a las condiciones originarias de la oferta de 2004 en cuanto a la previsión de tráfico del tráfico y el rendimiento esperado por la concesionaria.

Antecedentes y un poco de historia

El juicio del caso Peaje deriva de la construcción de la carretera de Manacor (años 2005 y 2006) que se articuló con la figura de la concesión mediante pago con la fórmula de “peaje a la sombra”.

A raíz de su construcción se produjeron diversas actuaciones, por parte de responsables de la obra, funcionarios y cargos públicos y particulares, que originaron una querella de la Fiscalía por varios delitos como el cohecho y el fraude a la Administración, entre otros.

La instrucción del caso se inició en el 2009, y su tramitación se ha prolongado hasta la apertura del juicio oral fijada para este lunes, 13 años más tarde.

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