La indignación ciudadana ante las surrealistas órdenes de alejamiento de establecimientos comerciales no debe dirigirse únicamente a los juzgados. Tras analizar la realidad que sufren nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la conclusión es demoledora: el sistema está roto desde su base legislativa.
No se trata solo de la falta de herramientas; se trata de un Código Penal que parece diseñado para una realidad que no es la nuestra. Mientras la policía detiene, el delincuente sabe que la ley le ofrece un abanico de beneficios que convierte su castigo en una simple anécdota administrativa.
El margen de la ley y la ideología en el estrado
A la debilidad de las normas se suma un factor determinante: la interpretación judicial. Las leyes siempre ofrecen un margen de aplicación entre un máximo y un mínimo de la pena. Lamentablemente, asistimos con demasiada frecuencia a casos donde el juez se inclina sistemáticamente por la mínima para los delincuentes.
Esta laxitud, a menudo impulsada por sesgos ideológicos más cercanos a posturas radicales de izquierda que al sentido común, deja desprotegida a la sociedad. No es de recibo que, ante reincidentes profesionales, se opte por la interpretación más favorable para quien rompe la convivencia una y otra vez.
El papel crítico de la Fiscalía
Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en el juez. Existe un dato crucial en nuestro sistema: el juez no puede dictar medidas cautelares, como la prisión provisional, si la Fiscalía no las solicita previamente. Si ante un delincuente multirreincidente el fiscal no pide la cárcel, el juez, por mucho que quiera, tiene las manos atadas y no puede mandarlo a prisión.
Esta falta de contundencia en las peticiones de la acusación pública es otro de los pilares que sostiene la impunidad actual. De poco sirve el esfuerzo policial si la Fiscalía no actúa como el verdadero escudo de la ciudadanía ante los tribunales.
El parche de los alejamientos y el traslado del delito
Dictar una orden de alejamiento para una zona concreta, como por ejemplo la Playa de Palma, es un error de bulto que no soluciona el problema. Lo único que se consigue es dar vía libre a la banda de delincuentes para que trasladen su actividad a otras zonas turísticas de la isla que quedarán desprotegidas ante su llegada.
De igual modo, una orden de expulsión de la isla no es más que un «lavado de manos» institucional. Expulsar a un delincuente de Mallorca solo significa que se irá a robar a otra parte de España. No se trata de desplazar el problema de un municipio a otro o de una provincia a otra, sino de erradicarlo mediante penas de prisión efectivas.
El absurdo de las «órdenes de papel»
Como bien señala la voz de la experiencia policial a pie de calle, las órdenes de alejamiento terminan siendo papel mojado. El delito de quebrantamiento de esta medida se suele saldar con una simple multa. ¿Qué efecto tiene una sanción económica sobre un delincuente profesional que se declara insolvente?. Ninguno.
Es un círculo vicioso: se les detiene una y otra vez, pero la sanción nunca llega a ser efectiva de forma inmediata. El sistema es lento y excesivamente garantista con quien no respeta las normas, mientras el ciudadano honrado convive con la reincidencia diaria.
Urge una reforma estructural y firmeza judicial
Aunque los jueces aplican las leyes que las Cortes les entregan, no pueden ignorar su responsabilidad social al elegir el castigo mínimo. El verdadero foco debe ponerse en endurecer el Código Penal y exigir una aplicación rigurosa de las penas.
- Fin de la insolvencia como escudo: Las multas no pueden ser la única respuesta ante el quebrantamiento de medidas.
- Agilidad en el ingreso en prisión: El paso de la multa impagada a la privación de libertad debe ser inmediato.
- Firmeza ante la reincidencia: El legislador y el juez deben entender que hay bandas que han hecho del delito su profesión.
Desde Digital Manacor lo tenemos claro: sin una reforma valiente y una judicatura que deje de mirar con condescendencia al delincuente, seguiremos condenando a nuestros agentes a un trabajo estéril. Es hora de que la ley proteja a quien trabaja y cumple las normas.
José Antonio Argiz Vázquez
Director de Digital Manacor