El bochornoso espectáculo vivido esta semana en la comarca de Manacor roza el esperpento y sitúa a la ciudadanía en un estado de indefensión absoluta ante la delincuencia.
Todo comenzó con la impecable actuación de la Guardia Civil, tal y como Digital Manacor dió a conocer en la noticia sobre el detenido en Costa de los Pinos por una oleada de robos en viviendas y vehículos.
El delincuente, con requisitoria judicial pendiente desde abril, fue puesto en libertad de forma incomprensible porque la Fiscalía no solicitó prisión provisional.
Dos puestas a disposición judicial y la misma pasividad fiscal
Escaso tiempo después de quedar libre, la Policía Nacional le echó el guante en Manacor por una oleada de robos cometidos con anterioridad.
Así lo volvió a informar Digital Manacor, con su exclusiva noticia sobre cómo este individuo quedó libre por la oleada de robos en Son Servera pero cayó en Manacor tras desvalijar 14 coches y trasteros.
Por segunda vez consecutiva en un par de días, la Fiscalía se cruzó de brazos, volvió a negarse a pedir prisión y el ladrón regresó directamente a la calle.
El blindaje del artículo 505 de la LeCrim: las manos atadas del juez
Conviene aclarar con total rigor jurídico la realidad de lo ocurrido para no errar el tiro en las responsabilidades.
En virtud del principio acusatorio recogido en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juzgado de guardia tiene terminantemente prohibido decretar prisión provisional de oficio.
Si el Ministerio Fiscal no solicita expresamente la medida cautelar, el juez está obligado por ley a decretar la libertad inmediata del investigado, por lo que la llave exclusiva de la cárcel recae única y directamente sobre el criterio de la Fiscalía.
La responsabilidad civil subsidiaria de la Fiscalía
Cabe plantear una reflexión obligada: ¿debería responder subsidiariamente de su propio bolsillo la fiscal por los daños y robos que siga cometiendo este sujeto?
Cuando la acusación pública se niega sistemáticamente a apartar de la calle a un multirreincidente manifiesto, la negligencia tiene consecuencias directas sobre el patrimonio de los ciudadanos.
Resulta legítimo exigir responsabilidades directas tanto a quien ejerce esa pasividad en sede judicial como a los mandos políticos que amparan y sostienen estos criterios garantistas.
El malestar vecinal ante la indefensión absoluta
La calle está al límite y los vecinos de la comarca hierven de indignación al ver cómo se pisotea su seguridad día tras día.
Así lo reflejamos hoy mismo en Digital Manacor al dar cuenta del «Clamor e indignación ciudadana tras quedar en libertad el delincuente multirreincidente», donde la rebelión en redes sociales evidencia una fractura total con el sistema judicial.
El clamor popular es rotundo: «En España se premia sistemáticamente al delincuente y se machaca a impuestos al trabajador honrado».
El hartazgo ciudadano es mayúsculo y alguno dice lo que muchos piensan pero casi nadie dice: «Ojalá le reventaran el coche a la fiscal, a ver si entonces mantendría el mismo criterio».
Pedro Sánchez y el marco legal garantista
El máximo responsable político del marco penal actual es Pedro Sánchez y su mayoría legislativa, arquitectos de leyes blandas que desprotegen a los ciudadanos de bien.
Más allá de directrices concretas, impera una doctrina donde los fiscales aplican un celo desmedido en proteger al delincuente antes que defender a la sociedad, cuando su obligación estricta debería ser anteponer el interés general.
Todo ello en un ministerio público cuya independencia quedó desvirtuada cuando el propio presidente afirmó aquello de: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está».
La hemeroteca del control institucional
Esas palabras reflejan a la perfección la falta de rigor y la degradación institucional que padece el sistema judicial español.
Mientras las leyes sigan redactadas a favor de los delincuentes y la acusación pública renuncie a exigir medidas cautelares, los juzgados seguirán siendo un mero trámite de entrada y salida rápida.
Es inaplazable una reforma penal de mano dura que contemple penas severas y prisión preventiva inmediata para los delincuentes multirreincidentes.
La protección de los vecinos de nuestras islas y la exigencia de responsabilidad a los servidores públicos deben situarse en el centro del debate.
José Antonio Argiz Vázquez
Director Digital Manacor