- Los interinos que todavía no han podido acreditar este requisito estarán obligados a presentarse a las pruebas que se convoquen.
El ejecutivo, por medio del Decreto ley aprobado este pasado lunes, día 11, por el Consell de Govern, se ha comprometido a aumentar la oferta de cursos de catalán para funcionarios que ofrece la Escuela Balear de Administración Pública.
El Decreto ley de estabilización de interinos para reducir la temporalidad por debajo del 8 % contemplaba la obligatoriedad de acreditar el catalán como requisito para acceder a una plaza en la Administración pública.
Además, preveía una moratoria de dos años sólo para los aspirantes que se presenten a la misma plaza que están ocupando ahora y a los cuales hasta ahora no se les había exigido el catalán, para que puedan tener tiempo para estudiar y tener el título requerido.
Para garantizar que los trabajadores públicos que se presenten a este proceso puedan preparar bien su nivel de catalán, el EBAP tiene que promover la realización de cursos, y de las pruebas correspondientes, que permitan a todo el personal afectado, sea del ámbito de los servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de su sector público instrumental, obtener el certificado de conocimientos de catalán del nivel exigido para el acceso al cuerpo, la escala y la especialidad; o la escala, la subescala, la clase o la categoría; o la categoría profesional a la cual se ha accedido.
Los funcionarios están obligados a presentarse a las pruebas de catalán
Además, la principal novedad es que se establece la obligatoriedad de presentarse a las pruebas de catalán que organizan la EBAP y la dirección general de Política Lingüística, para obtener el certificado de conocimientos de lengua catalana correspondiente al nivel exigido para el acceso al cuerpo, la escala y la especialidad; o la escala, la subescala, la clase o la categoría; o la categoría profesional a la cual se ha accedido mediante el proceso de estabilización.
El Govern pretende ofrecer unos mejores servicios públicos a la ciudadanía y que esta pueda ser atendida en cualquier de las dos lenguas cooficiales que establece el Estatuto de Autonomía.