- Los propietarios podrán cobrar el alquiler cada mes o en pagos anticipados del año en curso o de los 7 años de duración del contrato
- El Govern pagará al propietario un alquiler tasado y validado por el COAPI, bajo unos límites de precio sobre los que se aplicará la reducción del 30 % a los inquilinos
La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha anunciado el lanzamiento del nuevo programa «Alquiler seguro» a partir de noviembre para empezar a captar viviendas vacías o sin uso residencial de pequeños propietarios particulares (no grandes tenedores), de forma voluntaria, a quienes la Administración abonará un precio de alquiler por su adhesión al programa, y así poder ofrecer estas viviendas a ciudadanos residentes en las islas a un precio reducido en un 30 %, por debajo del precio de mercado.
Los lectores de Digital Manacor que así lo deseen pueden descargarse a continuación, en formato pdf, el documento que explica en 11 diapositivas los objetivos del programa «Alquiler seguro»:
Este nuevo programa forma parte del plan de choque del Govern en materia de vivienda —junto con el desarrollo de la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, el programa «Construir para alquilar» y las promociones públicas del IBAVI— y cuyo objetivo es generar en una primera fase 7.000 viviendas a precios accesibles para residentes. El programa «Alquiler seguro» se lanza con el objeto de conseguir entre 2.000 y 3.000 viviendas en una primera fase, y se espera que las primeras viviendas puedan entregarse este mismo año.
Tal y como anunció la presidenta en la última Mesa de la Vivienda, el programa «Alquiler seguro» se lanza este otoño, en concreto a partir de noviembre. Se trata de una iniciativa para estimular la salida al mercado de viviendas vacías o que actualmente se destinan al alquiler turístico, basada en la intermediación del Govern, con el fin de aportar seguridad y confianza a los propietarios y a los futuros inquilinos.
«Con este programa queremos romper la barrera que frena a muchos propietarios de pisos vacíos que, como nos dicen los agentes de la propiedad inmobiliaria, prefieren tener la vivienda vacía por miedo a impagos, desperfectos o malas experiencias», ha manifestado la presidenta en la presentación.
Prohens ha estado acompañada del conseller de Vivienda, Territorio i Movilidad, José Luis Mateo, y de los presidentes de los colegios profesionales que colaboran con el Govern en este programa: José Miguel Artieda, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Illes Balears (COAPI), y Antoni Jaume, del Colegio de Administradores de Fincas de las Illes Balears (CAFBAL). Ambos colegios, mediante convenios, actuarán como entidades colaboradoras para el desarrollo y la gestión del programa, y para la administración, gestión y seguimiento de los contratos de arrendamiento que se deriven.
El Govern captará viviendas de pequeños propietarios (no grandes tenedores) que se adhieran, con garantía total del cobro del alquiler y de devolución en buen estado del inmueble, entre otras ventajas. El contrato de alquiler de la vivienda con la administración será de 7 años y se ofrecen varias modalidades de cobro a los propietarios: pago mensual, pago anticipado del año en curso o pago anticipado de los 7 años de duración del contrato de arrendamiento de estas viviendas por parte de la Administración (en este último caso, en un número limitado sujeto a disponibilidad presupuestaria).
A su vez, el Govern destinará las viviendas a ciudadanos residentes con cinco o más años de residencia en las Illes Balears. Entre otros requisitos, también se establece que las viviendas deberán ser la vivienda habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato, por lo que no podrá destinar esta vivienda a otro uso, tal como el alquiler turístico.
Entre los requisitos para los propietarios de las viviendas, se establece que no tengan la condición de gran tenedor; solo podrán acogerse viviendas que se encuentren vacías desde hace seis meses o más, o que no figure ninguna persona empadronada en la vivienda desde hace un año; las viviendas deberán tener una antigüedad de construcción de tres años o más y presentar un buen estado de limpieza y mantenimiento que permita la entrada inmediata.
Además, las viviendas deben estar situadas en las Illes Balears, no pueden estar sometidas a limitaciones que impidan su arrendamiento, deben tener contratados los suministros de agua y electricidad, con cocina y baño correctamente dotados y con el equipamiento básico, deben disponer de certificado de eficiencia energética vigente y la instalación eléctrica debe cumplir los requisitos según la normativa vigente.
Límites y ejemplos de los precios para propietarios y para inquilinos
El Govern fija unos precios máximos de alquiler que abonará a los propietarios y aplicará una reducción de hasta el 30 % de la que se beneficiarán los inquilinos. El Govern pagará al propietario de la vivienda un precio tasado por agentes de la propiedad inmobiliaria, que deberá ser validado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Illes Balears (COAPI).
Los inquilinos pagarán un precio un 30 % inferior al tasado. El Govern fija un precio máximo de tasación de los alquileres a percibir por los propietarios, atendiendo a la realidad de cada isla, de 1.500 euros en Mallorca y Menorca, y de 2.100 euros en Ibiza y Formentera, de modo que los precios a pagar por los inquilinos se sitúan por debajo de los 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y de los 1.470 euros en Ibiza y Formentera.
Como ejemplos de la reducción del 30 % en el precio del alquiler, en el caso de un precio a abonar por la CAIB a los propietarios de 850 euros, la reducción del 30 % sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 595 euros. En el caso de un precio de 1.000 euros que percibirán los propietarios, la reducción del 30 % sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 700 euros, y si se trata de un precio tasado en 1.200 euros, la reducción sitúa el precio a pagar por los inquilinos en 840 euros.
Respecto al presupuesto, el coste estimado del programa es de 12 millones de euros anuales. Por otro lado, los propietarios que se adhieran podrán optar a aplicarse importantes desgravaciones fiscales en la declaración del IRPF ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), mediante la reducción del 70 % que establece la Ley 35/2006 del IRPF (art. 23.2.b) 2.º) por tratarse del arrendamiento de la vivienda a una administración pública.
Para inquilinos con ingresos de hasta 60.667 euros anuales
Para poder ser beneficiario de estas viviendas, se establecen unos límites de ingresos de renta de los inquilinos; deberán empadronarse en la vivienda alquilada y se exigirá la misma o casi idéntica documentación que en el caso de un alquiler particular (contrato de trabajo, aval, IRPF de años anteriores, etc.) y el pago de la fianza (una mensualidad).
Este límite de ingresos ampliado, tal y como se aplica en el programa «Garantía hipoteca IBAVI» de ayuda para acceder a una hipoteca de compra de vivienda, permitirá optar a las viviendas del programa «Alquiler seguro» a personas con un máximo de ingresos anuals de 6,5 veces el IPREM ponderado: actualmente 60.667 euros para un inquilino y 68.250 euros para dos inquilinos.
Entre las condiciones para los inquilinos, también se establecerá contractualmente la obligación, al finalizar el alquiler, de devolver al propietario la vivienda en las mismas condiciones en las que se recibió el inmueble. Como norma general, los arrendatarios no podrán ser propietarios ni titulares de un derecho real de uso y/o disfrute de una vivienda en la isla donde se desea alquilar la vivienda. El arrendatario no podrá tener parentesco hasta tercer grado con el propietario.
Los inquilinos no podrán subarrendar las viviendas y asumirán los gastos de los servicios y suministros individualizados, las pequeñas reparaciones por uso ordinario y la tasa de residuos (incineradora). Por su parte, los propietarios asumirán el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las tasas de entrada de vehículos, en su caso, y las cuotas de comunidad; y en caso de una vivienda amueblada y/o con enseres, el coste de posibles reparaciones y del mantenimiento que no sean imputables al inquilino particular. También se establece como requisito que no tengan deudas con la comunidad.
Colaboración con los colegios profesionales COAPI y CAFBAL
El Govern impulsa esta iniciativa en colaboración con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las Illes Balears y el Colegio de Administradores de Fincas de las Illes Balears, tanto para el desarrollo y la gestión del programa como para la administración, gestión y seguimiento de los contratos de arrendamiento que se deriven del mismo.
El COAPI y el CAFBAL se encargarán de colaborar en la difusión del programa entre sus colegiados y el público en general; la captación, mediación y comercialización de las viviendas que cumplan con las condiciones para adherirse, así como de la búsqueda de los potenciales inquilinos; la recopilación de la documentación necesaria para iniciar las actuaciones y la comprobación del cumplimiento de los requisitos; la atención gratuita y el asesoramiento a los interesados (propietarios e inquilinos); el informe sobre la situación de la vivienda y la tasación previa del precio del alquiler que deberá abonar la Administración a los propietarios, dentro de los precios máximos fijados por el Govern. Cada Colegio deberá validar y ratificar las propuestas de adhesión al programa que hayan sido tramitadas individualmente por sus colegiados.
El Govern de las Illes Balears lanza a partir de este martes una campaña de publicidad para dar a conocer este programa a la ciudadanía y también habilita la página web www.lloguersegur.caib.es con toda la información detallada.