El Consell de Mallorca se ha convertido en el escenario de un duro enfrentamiento entre los principales partidos políticos debido a las condiciones del convenio regulador para el transporte e incineración de deshechos procedentes de Ibiza en la planta de Son Reus.
El Grupo Socialista ha exigido públicamente la paralización cautelar de este envío de basura afirmando que se trata de lo que consideran «el atentado ambiental de Mallorca» si se lleva a cabo según el acuerdo actual entre ambas instituciones insulares.
Por su parte, el Partido Popular ha desmentido con rotundidad estas acusaciones, recriminando a los socialistas el hecho de «generar alarma de manera irresponsable» y de «mentir deliberadamente para intentar desgastar un proyecto» de carácter autonómico.
El PSOE Mallorca denuncia «opacidad» y rebaja de condiciones
Según ha manifestado la portavoz socialista, Catalina Cladera, el equipo de gobierno insular ha decidido «gobernar a escondidas, con opacidad absoluta y rebajando las garantías ambientales que ellos mismos habían fijado».
Desde la formación de la oposición alertan de que el plan piloto permitiría el transporte «al por mayor», sin embalar, advirtiendo de la posibilidad de que se generen «olores, lixiviados, riesgos sanitarios y molestias evidentes para la ciudadanía».
Asimismo, la consellera socialista Juana M. Adrover ha criticado que la viabilidad de Son Reus se ampare en informes de parte de TIRME, señalando que «la memoria económica reconoce una repercusión de 17,2 millones de euros en dos años» y exigiendo una auditoría externa independiente.
El PP defiende la legalidad y anuncia rebajas fiscales
Frente a estas críticas, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Bernat Vallori, ha asegurado que «el PSOE vuelve a recurrir al miedo y a la desinformación» y ha aclarado que «el convenio establece que los residuos llegarán en balas compactadas» de forma generalizada.
Apuntan desde el partido que el transporte a granel solo se contempla de manera «excepcional y temporal» bajo supervisión técnica, recordando además que este traslado entre islas está plenamente amparado por leyes autonómicas aprobadas en el año 2019 bajo el mandato del Pacto de izquierdas.
Por último, Vallori ha defendido que el acuerdo, sumado a una aportación de 50 millones de euros del Govern, «permitirá reducir un 10 % la tarifa de residuos a los mallorquines con efectos retroactivos desde el 1 de enero», mitigando el déficit estructural heredado de la anterior legislatura.