La investigación realizada por Digital Manacor, que ayer destapaba en exclusiva el Golpe al intrusismo en Manacor: 7 peluquerías marroquíes sancionadas y 31 identificadas, pone el foco sobre una realidad insostenible que ocurre ante la pasividad de toda la clase política local.
Dada la relevancia de nuestra exclusiva, ya hemos comprobado cómo medios como OK Baleares se han apresurado a plagiarnos el trabajo, confirmando que el interés por este descontrol administrativo trasciende las fronteras de nuestro municipio.
Desde estas líneas, queremos dar la enhorabuena a la Policía Local de Manacor y a la Policía Nacional por su impecable labor de inspección, sacando a la luz un escenario que, al parecer, se ha permitido que sea la norma en nuestras calles.
Los agentes han destapado una situación administrativa y técnica alarmante que pone en entredicho la seguridad de los ciudadanos y la igualdad ante la ley.
El alcalde Miquel Oliver y sus delegados consienten el peligro
El sector de las peluquerías parece haberse convertido en un «lejano oeste» normativo porque la impunidad se ha instalado en Manacor bajo la responsabilidad directa del alcalde, Miquel Oliver, y de sus delegados de área.
El alcalde no puede obviar el riesgo de incendio mientras permite que el 87,5% de los centros inspeccionados operen presuntamente sin la obligatoria Licencia de Apertura, ignorando cuadros eléctricos en pésimo estado que son auténticas bombas de relojería.
Resulta cuestionable que el equipo de gobierno mantenga esta laxitud en locales que podrían carecer de un Proyecto Técnico de seguridad o que operen presuntamente sin un Seguro de Responsabilidad Civil, dejando a los vecinos en una situación de total desprotección.
La sospecha de la economía sumergida
Es un secreto a voces en las calles de Manacor que muchos de estos locales podrían estar funcionando, presuntamente, como pantallas para el blanqueo de capitales o el movimiento de dinero de procedencia dudosa.
¿Cómo es posible que negocios con una actividad aparentemente inexistente paguen alquileres y suministros mes tras mes sin que las cuentas cuadren? La pasividad de Miquel Oliver y sus delegados ante este fenómeno podría estar fomentando una economía sumergida que degrada nuestro orden social.
Parece existir una preocupante permisividad por parte del alcalde y las fuerzas de izquierda hacia ciertas irregularidades, una actitud que, de confirmarse, rayaría la falta de equidad ante la ley.
Falta de inspección y control municipal
Resulta indignante que mientras el pequeño comerciante local es cosido a inspecciones, estos locales parezcan gozar de una impunidad que solo serviría para enmascarar la ilegalidad bajo el paraguas de una supuesta integración.
Digital Manacor permanecerá vigilante para comprobar que el Ayuntamiento no incurre en dejación de funciones y que se aplican las sanciones correspondientes por carecer, presuntamente, de licencias de actividad o por el peligro de sus instalaciones eléctricas.
Exigimos que el alcalde active de inmediato los mecanismos de control para garantizar que cada persiana que se suba en Manacor lo haga bajo la legalidad más absoluta.
Una oposición que no fiscaliza el caos
Por su parte, la oposición parece fracasar en su labor al permitir que estos negocios proliferen sin que se les exija, presuntamente, el proyecto de actividad correspondiente.
Tanto el PP de Manacor, liderado por María Antonia Sansó, como VOX Manacor, encabezado por Esteban Sureda, parecen haber dimitido de su labor de fiscalización al no exigir explicaciones contundentes ante este descontrol.
La complacencia de los grupos de la oposición les convierte en presuntos cómplices por omisión de un caos que asfixia al comerciante que sí cumple escrupulosamente la normativa municipal.
Restaurar el principio de autoridad
Es una vergüenza que un negocio tradicional sufra el rigor de la ley mientras el caos comercial se adueña de barrios enteros sin aparentes consecuencias legales para los infractores.
Exigimos que tanto el alcalde como la oposición restauren el principio de autoridad de inmediato; es hora de exigir el cumplimiento de la normativa para todos por igual.