El periodismo tiene la obligación ineludible de fiscalizar al poder y destapar aquellas realidades incómodas que las instituciones preferirían mantener sepultadas bajo montañas de burocracia e intereses políticos.
Hoy, desde esta misma cabecera, hemos publicado una investigación de alcance nacional que expone de forma cruda las grietas de un sistema asistencial y migratorio completamente colapsado.
En nuestra exclusiva Las grietas del sistema migratorio: del limbo fronterizo al polémico uso del padrón, detallamos un escándalo institucional en el que todas las formaciones políticas tienen su cuota de responsabilidad.
La rentabilidad política de mirar hacia otro lado
La mecánica de este doble fraude arranca con un primer coladero: miles de personas entran en España con visado turístico de 90 días y, pese a que la ley prohíbe tajantemente empadronarse durante ese periodo, todo indica que ayuntamientos como el de Manacor lo permiten sin control.
A esto se suma una segunda trampa institucional igualmente grave: la negativa sistemática de los consistorios a tramitar las bajas de oficio cada dos años de aquellos extranjeros que no renuevan su inscripción, consolidando listas de empadronados fantasma que incluso cobran ayudas viviendo en Alemania o Bélgica.
La inacción para depurar estas listas no es casualidad, sino que responde a una perversa conveniencia económica y electoral de las distintas corporaciones locales.
Cuanto más inflado está el censo poblacional, más millones reciben del Estado en transferencias, más regidores se sientan en los plenos y más alcaldes pueden asignarse sueldos públicos con dedicación exclusiva.
El mutismo en Manacor y el continuismo del Govern balear
Ante este fraude documental diario que satura los servicios locales, resulta incomprensible el silencio de la oposición; en el caso concreto de Manacor, ni PP ni VOX han alzado la voz para denunciarlo y exigir inspecciones reales.
Este descontrol municipal encuentra su principal aliado en la administración autonómica, ya que el Govern Balear es quien tiene en sus manos decidir que el mero hecho de empadronarse dé derecho automático a sanidad pública, educación, transporte gratuito y subvenciones.
Tras tres años y medio en el poder, el actual ejecutivo autonómico del PP no ha hecho nada sustancialmente diferente a lo que hizo durante ocho años el anterior Govern de extrema izquierda-separatista de Francina Armengol (PSOE, MÉS y Podemos).
Más allá de alguna medida estética, no se han atrevido a meter la tijera, cerrar el grifo asistencial ni endurecer los requisitos para quienes acaban de llegar burlando la ley y los plazos.
Exigimos responsabilidades inmediatas
Esta alarmante falta de valentía política y la cobardía demostrada para cortar de raíz el problema estructural del padrón ponen el foco directamente sobre la responsabilidad de VOX.
De sus votos depende directamente que se aprueben los presupuestos del Govern, del Consell de Mallorca y de ayuntamientos clave como el de Palma, otorgándoles una capacidad de presión absoluta.
Pese a tener esa llave maestra para exigir el cruce de datos, las bajas de oficio obligatorias, el fin de los empadronamientos fraudulentos y el acceso a subvenciones, ayudas, transporte gratuito, educación y sanidad pública, han evitado llevar al límite esta exigencia, convirtiendose en cómplices con su pasividad.
Desde Digital Manacor exigimos a todas las administraciones y partidos políticos que asuman su responsabilidad, pongan fin a este saqueo estructural y protejan los impuestos de los ciudadanos antes de que la fractura social sea irreversible.
José Antonio Argiz Vázquez
Director Digital Manacor