El alcalde, Miquel Oliver, había convocado para esta mañana un pleno extraordinario para aprobar, entre otras cosas, los presupuestos municipales para 2023.
El equipo de gobierno de Més-ERC, PSOE y PODEMOS ha pasado el rodillo y ha vulnerado una vez más las leyes vigentes sin ruborizarse lo más mínimo aprobando inicialmente los presupuestos para este año 2023, con la oposición rechazando unánimemente los mismos.
De hecho, es la primera vez en esta legislatura que sucede que toda la oposición vota en contra de los presupuestos. Una oposición, conformada por PP, el PI y AIPC-SyS, que ha destacado que los mismos se han presentado tarde, mal y además no se les ha informado sobre los mismos.
Pero tampoco es que sea nada novedosa esta forma de actuar del alcalde, y su equipo de gobierno, ya que han demostrado por activa y por pasiva, que solo se acuerdan de la transparencia y la información cuando se encuentran en campaña electoral.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Manacor obtuvo un 3,6 sobre 10 en transparencia durante el año 2021, y batió el record negativo obteniendo un 2,3 sobre 10 el pasado año 2022. Ambos datos obtenidos en un amplio estudio de la Universidad de Barcelona.
La Ley es clara y taxativa sobre la aprobación de los presupuestos municipales
La aprobación de los presupuestos por la Junta de Gobierno Local tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) marca claramente que “la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse“.
La Ley también indica que “Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas“.
Por tanto, en el mejor de los casos los prespuestos no estarían aprovados definitivamente hasta marzo, y en el peor, hasta finales de abril. Por tanto estaríamos hablando de un retraso de 4 meses sobre lo que marca la ley.